El IVA y la Cámara de la Construcción

Nos llamó poderosamente la atención el reportaje que en La República apareció publicado este miércoles 15 de enero, titulado “Constructores piden intervención para revertir golpe del IVA en la actividad”, partiendo de la circunstancia de lo que ha sido nuestra posición sindical en cuanto a que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) vino a perjudicar a quienes menos responsabilidad tienen en el problema fiscal nacional, por una parte; y, por otra, que está representando un serio inconveniente para abordar, con urgencia, la reactivación económica por la cual “Raymundo y todo el mundo” está clamando.

A lo largo de todo el año pasado 2019, los efectos negativos de la imposición, aprobación con forceps y con trampas legislativas, de la hoy Ley de la República No. 9635, mal denominada Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hicieron mucho daño a la economía de miles de familias costarricenses; y, el deterioro de las finanzas de las mismas, ha sido la tónica generalizada.

El Gobierno presidido por Carlos Alvarado Quesada y sus soportes políticos más inmediatos, provenientes de los partidos Liberación y Unidad, erraron en cuanto a promover una legislación, como la 9635, que hoy podemos catalogar de fracasada si nos atenemos a lo siguiente, empezando por el reclamo de la Cámara Costarricense de la Construcción. Veamos algunos datos:

• 11 mil despidos solamente en el sector de la construcción, encareciéndose ésta en un 10% en cuanto al costo de las obras y observándose una caída de un 12,7% en los proyectos.
• El endeudamiento público con relación al Producto Interno Bruto (PIB) está rondando el 60%.
• El déficit fiscal está en, aproximadamente, un 6%.
• El desempleo abierto, el de carácter oficial, se acerca al 12%. Juntando el encubierto, estaremos en el doble de esa cifra, a juicio de algunos especialistas independientes.
• El poder de compra del salario sigue a la baja y los reajustes por costo de vida no lo recuperan en la proporción necesaria para impulsar una reactivación del consumo.

En nuestro criterio, el problema fiscal del país no fue resuelto con la Ley 9635. Por el contrario, esta legislación golpeó a la mayoría de la población trabajadora costarricense y a diversos sectores empresariales de gran peso económico como lo es la propia Cámara Costarricense de la Construcción, si nos atenemos a su queja y a su apelación al apoyo estatal: que les aprueben un proyecto de ley para una aplicación gradual del IVA en su sector.

En nuestro criterio el grave problema fiscal del país tiene dos explicaciones que, de un modo u otro, están interconectadas y que deberían abordarse en paralelo mediando un profundo Diálogo Político-Social como nunca antes se había dado en el país.

Por un lado, la deuda pública contraída con acreedores internos y externos y su escandaloso y obsceno pago de intereses; por otro, la realidad, que ya es oficial, de los altísimos niveles de defraudación fiscal en todas sus manifestaciones (con ropaje legal o sin él), del orden del 6 a 8 puntos porcentuales PIB, según el estudio que lo sustenta pero que en todo caso son cifras igualmente escandalosas y obscenas.

Complementariamente a ello, “una verdadera reforma del empleo público” es sumamente necesaria. Lo puse entrecomillado porque así lo señala la Cámara Costarricense de la Construcción en el reportaje que venimos comentando. Por el concepto, tenemos una coincidencia.

Esto de “una verdadera reforma del empleo público” ha estado afrontando un verdadero tropiezo, un día sí y otro también: haberse ideologizado al máximo con el ya insostenible argumento de que el empleo público es el responsable del déficit fiscal. Superado este falaz argumento y poniendo en mesa las dos vertientes del verdadero problema fiscal nacional, puede haber espacio, mediando voluntad política de las partes, para un encuentro de posiciones, en franco debate y por el bien del país.

A partir de este artículo y así sucesivamente en días viernes, el período La República nos publicará un comentario nuestro sobre aconteceres nacionales vistos desde el prisma de la lucha social y sindical. Agradezco a sus personeros don Fred Blaser, Copresidente, así como a don Esteban Arrieta, editor, el inmenso honor que nos han dado.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)