Despertó el poder ciudadano

Despertó el poder ciudadano

Arturo Jofré

El abogado Juan Diego Castro lanzó una proclama cívica para organizar la Red Costarricense de Defensa Civil, con el propósito de actuar contra el clima de inseguridad que se vive. Lo acompañan monseñor San Casimiro y personas ligadas a medios de comunicación. Su estilo es ya conocido: crítico, franco, directo, sin guantes, con entusiasmo y cifras siempre listas.

Como otros ciudadanos, me he referido varias veces a este tema y a la necesidad de que quienes tienen la responsabilidad en los tres poderes de la República unan sus fuerzas y actúen oportunamente para tomar acciones del tamaño que la situación requiere. Este es un problema que se viene arrastrando desde hace casi tres décadas y cada vez presenta dimensiones más peligrosas. Es difícil entender que ante una situación tan evidente no podamos unirnos en un solo frente.

La proclama de la Red de Defensa Civil abunda en cifras y recomendaciones. En el acumulado de los últimos nueve años hay cifras que realmente alarman:

* Un millón de personas presentaron denuncias como víctimas de delitos ante el Ministerio Público (¿cuántas más ni siquiera se molestan en presentarlas?).

* El Poder Judicial pudo resolver solo ocho casos penales de cada 100 sometidos a él.

* Cada media hora se produce un delito contra la vida; cada ocho minutos un delito contra la propiedad; 14 delitos sexuales diarios.

* Hay un incremento de los delitos que es muy superior al aumento demográfico del país.

Hay un aspecto esencial en el documento: el reconocer, incluso constitucionalmente, los derechos de las víctimas. Ahora la legislación parte de la acera opuesta: la defensa de los derechos de quien comete el delito. Y aquí hay algo de lo que tenemos que cuidarnos, porque algunos defienden los derechos humanos pensando solo en los del delincuente.

Cuando se habla de medidas como aumentar la fuerza policial, no tener en las calles a los reincidentes, no dejar impunes a quienes cometen robos “menores”, no dejar libres a los reincidentes, saltan de inmediato los detractores de cualquier acto de represión a la delincuencia. Los defensores de los derechos del delincuente usan los mismos argumentos que han dejado a la sociedad sin defensa, es decir, una minoría que se sale de la ley mantiene en prisión a la gran mayoría que respeta las reglas del juego.

Uno de los argumentos de fondo de los detractores es el que la delincuencia es producto de la pobreza y de otras calamidades, por lo que tenemos primero que arreglar esos problemas y no pensar en aumentar policías, endurecer la legislación, etc. Es decir, si la pobreza y otros tumores no los extirpamos en 20 ó 30 años, debemos cruzarnos de brazos. La verdad es que estamos hablando de dos cosas distintas: las causas de la criminalidad por supuesto que hay que atacarlas, pero eso no puede inmovilizarnos como sociedad. Esa es la trampa en la que podemos volver a caer y sería fatal.