Débil fiscalización de $78 millones en el Juan Santamaría
Danny Canales dannycanales.asesor@larepublica.net | Sábado 09 agosto, 2008
Entidad que inspecciona el contrato no corrobora datos suministrados por Alterra, aduce Contraloría
Débil fiscalización de $78 millones en el Juan Santamaría
• Dineros mal supervisados son los que se giran al fideicomiso que maneja recursos del aeropuerto
• Ente fiscalizador atribuye a falta de equipo, tecnología y personal la dificultad para realizar una mejor función
Danny Canales
dcanales@larepublica.net
La fiscalización que se hace de los dineros que genera la operación del aeropuerto Juan Santamaría causa dudas.
Poco más de $78 millones de los fondos que se depositaron en el fideicomiso que administra los recursos del proyecto no se habrían revisado con lupa.
Al parecer, la entidad encargada de corroborar que las sumas reportadas por Alterra —operador del aeropuerto— estuvieran apegadas a la realidad, no lo hizo así.
En su defecto habría reconocido, sin comprobar, los montos que le reportó la compañía, según denunció la Contraloría General de la República.
El informe revela que no se veló por la razonabilidad de las sumas ingresadas y su oportuna distribución “poniendo en alto riesgo intereses y recursos públicos”.
En ente contralor analizó el funcionamiento del órgano supervisor entre el 1° de enero de 2007 y el 30 de abril de este año.
La supervisión del contrato aeroportuario recae sobre una entidad creada en 2001 que está adscrita al Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), pero es financiada con los recursos que genera la operación del aeropuerto.
Precisamente esa entidad tiene la misión de garantizar el fiel cumplimiento del contrato de modernización del aeropuerto Juan Santamaría, tanto de parte de Alterra como del Cetac.
Sobre el cuestionamiento de la Contraloría, en Alterra aclararon que hasta ayer a las 6 p.m. no conocían del informe.
“Sin embargo le aclaro que la redistribución de ingresos está establecida en el contrato y la empresa siempre ha procedido de conformidad y en apego al mismo”, respondió la empresa.
A su vez agrega que “el dinero entra a un fideicomiso que está manejado por el Banco de Costa Rica y a la vez fiscalizado por auditores independientes, nacionales e internacionales, enviados por los bancos acreedores”.
Por su parte, en el órgano inspector alegaron que en parte las fallas señaladas son consecuencia de la falta de equipo, tecnología y personal para revisar toda la información que se le suministra.
Sin embargo, la Contraloría ve grave el hecho de que no se apliquen mecanismos alternativos para corroborar los datos financieros debido a las altas sumas de dinero que se manejan.
Por ejemplo, la investigación encontró que solo 14 de los 31 depósitos quincenales realizados por Alterra al fideicomiso, generados por la operación del aeropuerto, fueron supervisados.
Tomando en cuenta que en cada depósito se integran unos $2 millones, el ente contralor estimó en $34 millones la suma que no pasó por el escrutinio.
También causó alarma que no se buscara “otra información de referencia” para confirmar el monto reportado por los servicios prestados y los facturados en el Juan Santamaría.
La Contraloría halló que en la revisión que se hizo —por un monto de $25,2 millones— se tomó como información base “única y exclusivamente las facturas y otros documentos generados por Alterra”.
Lo mismo sucedió con los informes financieros por $18,9 millones presentados por la empresa aeroportuaria para justificar los ingresos no aeronáuticos percibidos.
“No se realizó una adecuada labor con el fin de corroborar con información proveniente de una fuente alternativa, los reportes elaborados por el Gestor en relación con los ingresos provenientes de los derechos de la terminal”, alertó el informe.
Por último se cuestionó un error en la actualización del monto que se le debía girar al propio órgano fiscalizador para su desempeño.
Al respecto el estudio encontró que se basó en el índice de inflación de 11 meses, cuando lo correcto era hacerlo con el índice de un año, lo que produjo que el ente fiscalizador dejara de percibir $64 mil, por un descuido propio.
El fideicomiso que administra los recursos que genera el Juan Santamaría se creó para que se encargue de distribuir los recursos entre el operador del aeropuerto (64,8%) y el Estado (35,2%).
Desde su creación el órgano fiscalizador del contrato aeroportuario ha enfrentado una serie de problemas que le ha dificultado su desempeño.
Primero fue que no se le asignaban los recursos suficientes para cumplir una adecuada función, lo cual le entorpeció su despegue.
Posteriormente se produjo una desbandada de funcionarios. En los siete años de creado, ha tenido seis jerarcas: Fernando Soto, Helmut Alvarez, Arnoldo Camacho, Fred Thome, José Durán y Jill Jamieson.
Por su parte, el resto de las plazas técnicas, legales y financieras también han estado vacantes por varios meses.
El cuestionamiento sobre el seguimiento que se les da a los recursos que se reportan por la operación del aeropuerto surge en momentos en que el proyecto suma cuatro años de atraso.
Por contrato, los trabajos de ampliación del Juan Santamaría debieron estar listos en agosto de 2004; no obstante, la obra está a medio terminar y en abandono, pues desde hace ocho meses se suspendió la construcción.
Alterra justifica la paralización a la falta de recursos para hacerle frente al proyecto. Los bancos acreedores negaron en 2003 darle más dinero por incertidumbre jurídica.
Los bancos argumentan su posición en que un informe de la Contraloría que impide reconocerle a Alterra $18 millones en el modelo tarifario, desequilibró financieramente el proyecto.
Debido a la esterilidad del esfuerzo por encontrar una salida al problema, el gobierno emprendió en diciembre de 2006 las acciones para romper prematuramente el contrato con Alterra.
A cambio, el Cetac estudia una oferta realizada por la empresa estadounidense Houston Airport Systems para adquirir el 95% de las acciones del contrato de ampliación del Juan Santamaría.
La empresa norteamericana ofrece $25 millones propios y frescos para invertir en obras, el respaldo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica y terminar las obras en 12 meses.
La última palabra la tendrán el órgano fiscalizador, el Cetac y la Contraloría, en ese orden.
Débil fiscalización de $78 millones en el Juan Santamaría
• Dineros mal supervisados son los que se giran al fideicomiso que maneja recursos del aeropuerto
• Ente fiscalizador atribuye a falta de equipo, tecnología y personal la dificultad para realizar una mejor función
Danny Canales
dcanales@larepublica.net
La fiscalización que se hace de los dineros que genera la operación del aeropuerto Juan Santamaría causa dudas.Poco más de $78 millones de los fondos que se depositaron en el fideicomiso que administra los recursos del proyecto no se habrían revisado con lupa.
Al parecer, la entidad encargada de corroborar que las sumas reportadas por Alterra —operador del aeropuerto— estuvieran apegadas a la realidad, no lo hizo así.
En su defecto habría reconocido, sin comprobar, los montos que le reportó la compañía, según denunció la Contraloría General de la República.
El informe revela que no se veló por la razonabilidad de las sumas ingresadas y su oportuna distribución “poniendo en alto riesgo intereses y recursos públicos”.
En ente contralor analizó el funcionamiento del órgano supervisor entre el 1° de enero de 2007 y el 30 de abril de este año.
La supervisión del contrato aeroportuario recae sobre una entidad creada en 2001 que está adscrita al Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), pero es financiada con los recursos que genera la operación del aeropuerto.
Precisamente esa entidad tiene la misión de garantizar el fiel cumplimiento del contrato de modernización del aeropuerto Juan Santamaría, tanto de parte de Alterra como del Cetac.
Sobre el cuestionamiento de la Contraloría, en Alterra aclararon que hasta ayer a las 6 p.m. no conocían del informe.
“Sin embargo le aclaro que la redistribución de ingresos está establecida en el contrato y la empresa siempre ha procedido de conformidad y en apego al mismo”, respondió la empresa.
A su vez agrega que “el dinero entra a un fideicomiso que está manejado por el Banco de Costa Rica y a la vez fiscalizado por auditores independientes, nacionales e internacionales, enviados por los bancos acreedores”.
Por su parte, en el órgano inspector alegaron que en parte las fallas señaladas son consecuencia de la falta de equipo, tecnología y personal para revisar toda la información que se le suministra.
Sin embargo, la Contraloría ve grave el hecho de que no se apliquen mecanismos alternativos para corroborar los datos financieros debido a las altas sumas de dinero que se manejan.
Por ejemplo, la investigación encontró que solo 14 de los 31 depósitos quincenales realizados por Alterra al fideicomiso, generados por la operación del aeropuerto, fueron supervisados.
Tomando en cuenta que en cada depósito se integran unos $2 millones, el ente contralor estimó en $34 millones la suma que no pasó por el escrutinio.
También causó alarma que no se buscara “otra información de referencia” para confirmar el monto reportado por los servicios prestados y los facturados en el Juan Santamaría.
La Contraloría halló que en la revisión que se hizo —por un monto de $25,2 millones— se tomó como información base “única y exclusivamente las facturas y otros documentos generados por Alterra”.
Lo mismo sucedió con los informes financieros por $18,9 millones presentados por la empresa aeroportuaria para justificar los ingresos no aeronáuticos percibidos.
“No se realizó una adecuada labor con el fin de corroborar con información proveniente de una fuente alternativa, los reportes elaborados por el Gestor en relación con los ingresos provenientes de los derechos de la terminal”, alertó el informe.
Por último se cuestionó un error en la actualización del monto que se le debía girar al propio órgano fiscalizador para su desempeño.
Al respecto el estudio encontró que se basó en el índice de inflación de 11 meses, cuando lo correcto era hacerlo con el índice de un año, lo que produjo que el ente fiscalizador dejara de percibir $64 mil, por un descuido propio.
El fideicomiso que administra los recursos que genera el Juan Santamaría se creó para que se encargue de distribuir los recursos entre el operador del aeropuerto (64,8%) y el Estado (35,2%).
Desde su creación el órgano fiscalizador del contrato aeroportuario ha enfrentado una serie de problemas que le ha dificultado su desempeño.
Primero fue que no se le asignaban los recursos suficientes para cumplir una adecuada función, lo cual le entorpeció su despegue.
Posteriormente se produjo una desbandada de funcionarios. En los siete años de creado, ha tenido seis jerarcas: Fernando Soto, Helmut Alvarez, Arnoldo Camacho, Fred Thome, José Durán y Jill Jamieson.
Por su parte, el resto de las plazas técnicas, legales y financieras también han estado vacantes por varios meses.
El cuestionamiento sobre el seguimiento que se les da a los recursos que se reportan por la operación del aeropuerto surge en momentos en que el proyecto suma cuatro años de atraso.
Por contrato, los trabajos de ampliación del Juan Santamaría debieron estar listos en agosto de 2004; no obstante, la obra está a medio terminar y en abandono, pues desde hace ocho meses se suspendió la construcción.
Alterra justifica la paralización a la falta de recursos para hacerle frente al proyecto. Los bancos acreedores negaron en 2003 darle más dinero por incertidumbre jurídica.
Los bancos argumentan su posición en que un informe de la Contraloría que impide reconocerle a Alterra $18 millones en el modelo tarifario, desequilibró financieramente el proyecto.
Debido a la esterilidad del esfuerzo por encontrar una salida al problema, el gobierno emprendió en diciembre de 2006 las acciones para romper prematuramente el contrato con Alterra.
A cambio, el Cetac estudia una oferta realizada por la empresa estadounidense Houston Airport Systems para adquirir el 95% de las acciones del contrato de ampliación del Juan Santamaría.
La empresa norteamericana ofrece $25 millones propios y frescos para invertir en obras, el respaldo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica y terminar las obras en 12 meses.
La última palabra la tendrán el órgano fiscalizador, el Cetac y la Contraloría, en ese orden.