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El Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), utilizado por el gobierno central, municipalidades e instituciones autónomas para gestionar millonarios procesos de licitación, presenta enormes grietas que generan inseguridad jurídica y decisiones arbitrarias, según denunció la empresa Datasys Group.
Ante la reciente decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de rechazar un recurso de apelación presentado por dicha compañía en torno a la adjudicación del proceso licitatorio 2025XE-000492-0000400001 del ICE, Datasys Group advirtió que su documentación en SICOP “fue mutilada” por un tercero o por el propio sistema.
Lo más grave, según la empresa, es que la Contraloría rechazó el recurso por inadmisible alegando que el formulario contenía solo una parcialidad del contenido, pese a reconocer que la compañía adjuntó un documento en PDF con firma digital donde sí constaba toda la información.
Aun así, la CGR no habría brindado explicaciones ni permitido subsanar la petitoria cuyos folios no se visualizan dentro del sistema.
“Esta situación, no investigada ni aclarada por la entidad fiscalizadora, constituye una grave omisión institucional que vulnera la seguridad jurídica, debilita la confianza en el sistema de contratación pública y deja en indefensión a un oferente que actuó conforme a la normativa vigente y cuya oferta sigue elegible, pero sin voz”, dijo Randall Vargas Mata, abogado de la empresa y partner en Aliantlaw Costa Rica.
El caso está relacionado con una adjudicación del ICE por más de ¢48 mil millones para la adquisición de bienes y servicios para redes móviles de última generación.
Las empresas que presentaron apelaciones fueron IT Servicios de Infocomunicación, Samsung Electronics de México, Nokia de Costa Rica, SISAP Infosec y Datasys Group. Las apelaciones están siendo estudiadas desde mediados de mayo.
Según la empresa, el contenido total de su recurso de apelación fue ingresado de forma rigurosa en los formularios previstos en SICOP.
En este caso, el procedimiento fue realizado y supervisado directamente por tres funcionarios de la empresa y un notario público costarricense con más de 25 años de experiencia en contrataciones del Estado.
“Ellos han confirmado fehacientemente que la información fue mutilada y cercenada de manera automática por la propia plataforma web. Señalamos con gravedad que los formularios digitales de SICOP presentan una preocupante falta de trazabilidad y auditoría para los usuarios externos, lo que los vuelve susceptibles a fallos de procesamiento de datos sin que el administrado tenga herramientas inmediatas de verificación”, indicó la compañía.
La empresa tecnológica también señaló que, como parte del proceso, adjuntó el recurso de apelación íntegro en un documento PDF respaldado con firma digital certificada, lo cual “garantiza la inmutabilidad del texto, la hora y la fecha de emisión”; sin embargo, afirma que el órgano contralor ignoró esa prueba.
Por otra parte, en un comunicado de prensa, la empresa dejó ver su molestia con la situación, asegurando que existen “actores con intereses políticos alineados a mercados específicos”, a la vez que señaló que seguirá luchando por sus derechos a través de todas las vías legales disponibles.
“Consideramos que nuestra participación activa en la libre competencia y la diversificación de oferentes estratégicos ha desatado una persecución por parte de actores con intereses políticos alineados a mercados específicos. Es alarmante que la Contraloría General de la República parezca alinearse con estas corrientes de presión, validando tecnicismos procesales erróneos en lugar de velar por la verdad real y el interés público”, concluyó la empresa.
