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Ciudadanos aseguran sentirse insatisfechos con medidas anticrimen, según CID-Gallup
Costarricenses culpan al Gobierno por inseguridad

• Más que una estrategia bien estructurada, se perciben medidas gubernamentales de emergencia como “parches”


• En tres de cada diez hogares al menos una persona ha sido víctima del hampa en los últimos cuatro meses

Eduardo Baldares
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La inseguridad que azota a los costarricenses es considerada como el principal problema por la mayoría de los ciudadanos.
En comparación con la evaluación general del Gobierno, los resultados de la encuesta de CID-Gallup para LA REPUBLICA son mucho menos positivos para la administración Arias al hablar sobre la inseguridad.
Hoy, cuando en casi tres de cada diez hogares al menos una persona ha sido víctima del hampa durante los últimos cuatro meses, un 43% de los encuestados señala al Gobierno como principal responsable del creciente terror que se está apoderando del país.
Y es
que la ciudadanía percibe que el Ejecutivo no tiene una estrategia clara para enfrentar y combatir a los maleantes, de manera que las medidas de emergencia anunciadas el pasado 10 de enero son vistas como “parches”, lejanas aún de las soluciones concretas, certeras y visibles que exige la población para sentirse protegida.
Los encuestados aún no confían en el plan de emergencia anunciado casi dos semanas antes de esa fecha por el Gobierno. Este se comprometió a obtener recursos “de donde sea”, según palabras de Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda, en una cruzada anticrimen que se tardó un año, ocho meses y dos días en lanzar oficialmente desde que la actual administración asumió el mando.
En ese sentido, los costarricenses consideran que la forma más efectiva para combatir el auge del crimen es el aumento de penas (48%), muy por encima de otras soluciones como el incremento presupuestario (11%) y el robustecimiento del cuerpo policial (12%).
El aumento de sanciones requiere el visto bueno legislativo, pero hoy el Congreso está tan entrabado por la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta) que el presidente Oscar Arias le confirió figurativamente “el Premio Nobel de la lentitud” a este órgano, lo que explica el escepticismo de la población.
En cuan
to al incremento presupuestario, el Gobierno se comprometió a conseguir los fondos, mas no ha quedado claro de dónde los sacará; sobre el fortalecimiento de los diferentes cuerpos de seguridad, se está en una etapa incipiente de coordinación interinstitucional, y la capacitación que se les está dando es motivo de críticas por parte de especialistas.
La actitud de “más vale tarde que nunca” y la decisión de conseguir los recursos “a como dé lugar” no han convencido a los ciudadanos, y más bien estos parecen considerar que el plan de emergencia se tomó a destiempo, e incluso desnudó la falta de una estrategia definida desde el comienzo de la administración.
Entre las últimas medidas de emergencia este lunes se anunció que el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), de la Universidad de Costa Rica, comenzó a elaborar el proyecto de Reforma Integral para el Fortalecimiento del Ministerio de Seguridad Pública, “que estaría listo para diciembre”, según anunció el investigador Esteban Mora.
Al día siguiente, el Ministerio de Seguridad presentó la idea de formar una nueva Escuela Nacional de Policía con la ayuda del Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico, entidad que asesorará en materias como infraestructura y planes de estudios.
Fernando Berrocal, ministro de Seguridad que ha sido criticado por quienes consideran que el periodo de tres meses de capacitación policial es insuficiente, reconoció que “es necesaria una reestructuración de los planes de estudio tanto de la policía preventiva como de los demás cuerpos policiales”.
Sin embargo, esta visión no es compartida por todos.

“Ya nosotros habíamos ampliado la capacitación en más de un año, y teníamos un programa muy serio, meticuloso, que promovía una capacitación constante después del periodo de inducción”, adujo Rogelio Ramos, ministro de Seguridad durante la administración Pacheco y parte de la de Rodríguez.
Ramos aplaude que se abrieran 500 plazas para agentes en el Organismo de Investigación Judicial, pero cuestiona que los requisitos de ingreso sean tercer año de colegio aprobado y licencia de conducir, aun cuando comprende que se trata de medidas de emergencia.
“Para mí, un po
licía de investigación cumple una función tan delicada, tan ética y profesional, que requiere como mínimo entre cuatro y cinco años de estudios. En el modelo que nosotros habíamos propuesto se exigía el bachillerato del colegio, porque la capacidad de asimilación del estudiante ya está mucho más desarrollada”.
Entre dudas y resquemores, así avanza el plan de contingencia sobre seguridad, pero el Gobierno espera que conforme se palpen resultados la percepción ciudadana mejorará.
En lo que se refiere al estudio de opinión, este tiene un
margen de error de tres puntos y un nivel de confianza del 95%, se realizó del 21 al 26 de enero de este año en el territorio nacional a 1.296 personas.
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