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La disputa que existe entre el presidente Rodrigo Chaves y Marta Acosta, contralora general, que terminará resolviéndose en el Tribunal Contencioso Administrativo, generará temor en los inversionistas nacionales e internacionales, asegura Gerardo Corrales, analista de Economía Hoy.
“La imagen del país que ya tiene fama de no ser serios con el control del gasto público se perjudicaría y es por eso, que el Gobierno debe explicar al Congreso por qué necesita una flexibilización de la regla fiscal. El panorama de hoy es muy diferente porque la inflación es más alta y el tipo de cambio también”, destacó el economista.
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La tesis del presidente Rodrigo Chaves es que necesita unos ¢400 mil millones para pagar salarios, intereses y financiar instituciones como el PANI -que atiende a los niños en abandono – y el programa 911.
Chaves espera calcular el presupuesto del gobierno utilizando el último plan de gastos aprobado por el Congreso, mientras que la controlara Acosta señala que se debe tomar como punto de partida lo efectivamente ejecutado.
