Rodrigo Chaves y contralora Marta Acosta terminan en tribunales por regla fiscal y gasto del Estado

El diferendo por la regla fiscal entre el presidente Rodrigo Chaves y la contralora Marta Acosta terminará resolviéndose en el Tribunal Contencioso Administrativo, luego de una denuncia planteada ayer por el órgano fiscalizador del Estado.

Sobre la balanza se encuentra un gasto adicional para el gobierno de unos ¢400 mil millones al año, los cuales, servirían para pagar salarios, intereses y financiar instituciones como el PANI -que atiende a los niños en abandono – y el programa 911, de acuerdo con el presidente.

La manzana de la discordia está relacionada con la aplicación de la regla fiscal, la cual, establece un límite en el crecimiento del gasto de 4,1% al año.

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En ese sentido, Chaves espera calcular el presupuesto del gobierno utilizando el último plan de gastos aprobado por el Congreso, mientras que la controlara Acosta señala que se debe tomar como punto de partida lo efectivamente ejecutado.

Debido a que muchas instituciones no logran ejecutar la totalidad de su presupuesto, se generaría un millonario colchón que la Contraloría pretende frenar.

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De momento, no existe claridad sobre cuánto tiempo duraría en resolverse la denuncia ante el Tribunal Contencioso.

Lo que sí está claro es que la diferencia entre los dos jerarcas inició en el gobierno anterior, cuando Chaves fue ministro de Hacienda.

En aquella ocasión, el entonces presidente Carlos Alvarado se apegó al criterio de la Contraloría, lo cual, habría sido uno de los elementos que propició la salida de Chaves como ministro de Hacienda de la anterior administración.

“Yo no estoy en contra de la regla fiscal, nadie la está desafiando, lo que sí estamos discutiendo es si se debe medir por lo presupuestado o lo ejecutado (…) Nosotros estamos acudiendo a nuestro derecho de ejecutar la ley de acuerdo a nuestro criterio, si ella ella quiere judicializarlo, seremos respetuosos, yo prefiero este tema y evitar que los niños del PANI no tengan dinero para recibir atención por la camisa de fuerza que implica la regla fiscal”, dijo Chaves ayer en conferencia de prensa.

Hace un par de semanas, el mandatario envió al Congreso un presupuesto extra, con el objetivo de darle recursos al PANI y al mismo tiempo, garantizar dinero para cancelar el salario de los embajadores. Esta medida, fue cuestionada por la Contraloría.

La decisión del órgano contralor de acudir a los tribunales se debe a que el gobierno eliminó el límite para las transferencias que hace el gobierno a las municipalidades, a la vez que pretende aumentar el gasto este año en unos ¢230 mil millones, sin importar que está violentando la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

Asimismo, se tomó en cuenta el impacto negativo en el déficit fiscal, el endeudamiento del gobierno y en la ruta para alcanzar la sostenibilidad financiera y disciplina fiscal.

“Las decisiones que ha tomado el gobierno impactan negativamente el interés general de procurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y gestionar la crisis fiscal, el endeudamiento y el nivel de gasto público; lo que en otras palabras, significa que se incrementará gradualmente la afectación de los servicios a la población. Además, el Decreto supone una aplicación de la regla fiscal desigual e inconsistente en relación con el Gobierno Central y el sector descentralizado, lo cual afectará la gestión de las instituciones”, dijo el órgano fiscalizador del Estado en un comunicado.

El diferendo entre Chaves y la Contraloría tiene el potencial de generar un efecto dominó en el Congreso.

Esto, porque los diputados podrían supeditar la aprobación de los eurobonos, el plan de renta global y por supuesto el presupuesto del 2023 a la aplicación “correcta” de la regla fiscal.

Precisamente ayer, ante una consulta de LA REPÚBLICA sobre el plan de renta global, Eli Feinzaig, jefe de fracción de Progreso Social, cuestionó la flexibilización del gasto público por parte del gobierno de Chaves.

“Se podría considerar la renta global si se percibe el esfuerzo del gobierno por controlar el crecimiento del gasto público y ojalá reducción del gasto, pero ya hay señales que no será así por la regla fiscal y el descongelamiento de plazas”, dijo Feinzaig.