La decisión de la Sala IV de eliminar un recorte de ¢8 mil millones para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en 2027 y declarar como ilegales las normas de ejecución presupuestaria para la Corte Suprema por ¢30 mil millones fue celebrada por diversos actores.
Se trata de las universidades públicas, los diputados de oposición, el OIJ y el Poder Judicial.
“Esta decisión es muy importante para nosotros y la recibimos con complacencia, debido a que teníamos una alta preocupación sobre cómo íbamos a operar en el año 2027. No es más recurso, sino que se nos va a permitir utilizar el recurso y utilizar las plazas vacantes”, expresó Michael Soto, director del OIJ.
El Gobierno y su bancada oficialista de Pueblo Soberano aprobaron varias mociones durante la discusión del presupuesto 2027 tendientes a modificar el gasto público, alegando que el Gobierno central tiene problemas presupuestarios producto de la reducción de los ingresos.
En ese sentido, la mandataria Laura Fernández indicó anteriormente que todo el Estado tenía que “amarrarse la faja”.
Sin embargo, su mandato fue cuestionado desde el primer día por diversas organizaciones.
Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema, resaltó que el Poder Judicial requiere del presupuesto asignado en su totalidad sin ningún condicionamiento de otro poder de la República.
“Costa Rica necesita de un sistema de justicia fuerte e independiente. El Poder Judicial no está pidiendo más dinero, ni un aumento en su presupuesto. Lo que hemos solicitado es poder disponer oportunamente de los recursos que ya fueron aprobados para cumplir con nuestras responsabilidades y garantizar los servicios de justicia que necesita el país”, indicó.
La Sala IV dio a conocer la sentencia el viernes por la tarde.




































