Cierre y fusión de instituciones, así como salario único son las nuevas metas del Gobierno

Tanto cerrar o fusionar las instituciones que tengan algún nivel de duplicidad como aprobar una ley que establezca un salario único para todos los empleados públicos son las nuevas metas del Gobierno de Carlos Alvarado.

Al iniciar las sesiones extraordinarias en diciembre -en donde el Poder Ejecutivo establece la agenda de debate de los diputados - se presentarán dos proyectos de ley sobre el tema, confirmó Pilar Garrido, ministra de Planificación.

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La idea es que los dos tópicos se discutan entre diciembre de este año y abril del 2020, por lo que los diputados tendrían cinco meses para tomar decisiones.

En relación con el recorte de instituciones, el Gobierno viene haciendo desde finales del año pasado un mapeo sobre las diversas dependencias públicas.

La idea es hacer más eficiente al Estado en términos de productividad y de atención al usuario.

Precisamente, esta es una de las demandas del sector productivo, con el objetivo de recortar el gasto público, ya que en el país hay más de 300 instituciones estatales.

“Lo que conviene es una reestructuración para evitar la duplicación y fomentar la productividad. Esto implica un gran plan de capacitación para los empleados públicos en nuevas competencias y habilidades para el desempeño de nuevos ocupaciones que se requieren”, dijo Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.

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Existen varias áreas que han sido consideradas objeto de reforma institucional como lo son las referidas a la construcción de obra pública, incluyendo al MOPT, al Consejo Nacional de Vialidad, el Consejo Nacional de Concesiones y el Consejo de Seguridad Vial.

Por otra parte, toda el área de asistencia social con más de 23 instituciones manejando programas y el sector productivo agrícola, en donde se encuentran el Ministerio de Agricultura, el CNP, Incopesca e Inder, podrían ser motivo de cambio.

Respecto a la Ley de Salario Único, esta pretende establecer una misma remuneración para todos los empleados públicos, de acuerdo a sus especificaciones.

Hoy día, se contabilizan disparidades salariales de ¢800 mil al mes para funcionarios no profesionales, mientras que para los profesionales, las diferencias llegan a ¢3,2 millones, según la Contraloría.

La discusión sobre un salario único para todos los trabajadores del sector público fue congelada por los diputados hace un par de meses.