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La campaña electoral puede ser una carrera de gastos frenéticos, pero para la clase política, es también un negocio redondo.
Una vez que las urnas cierren, los partidos y sus candidatos se preparan para reclamar un cheque masivo del Estado.
Para el 2026, las agrupaciones políticas con derecho a deuda política podrán repartirse hasta ¢39 mil millones.
El monto es tan jugoso, que si se compara con hace cuatro años, hay un aumento del 100%, ya que en 2022 la contribución estatal apenas ascendió a ¢19 mil millones.
[custom_embed id='1759525143926' post_id='1252918']La deuda política es un reembolso de gastos de campaña que los partidos tienen derecho a cobrar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), siempre y cuando el gasto se realice durante la contienda.
Cada erogación cuenta: publicidad, servicios de comunicación y alquileres, así como la logística y la gasolina que movió a los candidatos, así como los viáticos, alimentación y el costo de todos los signos externos de la campaña.
El dinero, en última instancia lo pagan todos los costarricenses a través del pago de impuestos.
En esencia, este dinero sirve para dejar los "bolsillos llenos" a los partidos, asegurando que las facturas no las paguen los donantes, sino el tesoro público, bajo la justificación de que se busca garantizar la equidad y la pluralidad en el sistema democrático.
Originalmente, la cifra máxima a repartir era incluso más escandalosa: superior a los ¢90 mil millones, dado que la Constitución Política establece el monto en un porcentaje del PIB.
Sin embargo, en medio del debate por la crisis fiscal del país, los diputados se vieron obligados a actuar.
Aunque el Frente Amplio y otros sectores abogaron por un recorte más severo, la presión legislativa solo logró reducir la cifra a la mitad, dejando el techo en ¢39 mil millones y no ¢90 mil millones.
Eso sí, el acceso a este millonario reembolso no es universal. Solo las agrupaciones que escojan diputados o consigan al menos un 4% de los votos válidos para la presidencia tendrán derecho a tocar esos fondos.
Para evitar que el dinero público se desvíe, la vigilancia del TSE será implacable.
Desde hoy y hasta el cierre de la campaña, los tesoreros están obligados a presentar reportes de contribuciones y justificar cada erogación.
Los partidos que no cumplan con esta la fiscalización simplemente no podrán cobrar la deuda política.
La deuda política del próximo año, es la más alta de los últimos cindo periodos (cifras en millones de colones, según el TSE).
| Elección | Deuda política |
|---|---|
| 2026 | 39.292 |
| 2022 | 19.790 |
| 2018 | 25.029 |
| 2014 | 18.147 |
| 2010 | 17.174 |
La deuda política es el mecanismo que dispone el código electoral para financiar las operaciones de los partidos políticos durante la contienda.
Estas son sus características:
| Pregunta | |
|---|---|
| ¿Qué es la deuda política? | Es un reembolso de los gastos en los que incurren los partidos por su participación en las elecciones. |
Su objetivo es garantizar la equidad
El monto se calcula originalmente con base en un porcentaje del PIB del año trasanterior a la elección.
En principio, eran ¢90 mil millones, pero los diputados lo cortaron a la mitad.
1. Ingreso de fondos de origen indeseable (dinero sucio, narcotráfico).
2. Compra de influencias, clientelismo político y corrupción, ya que el dinero se entrega después de las elecciones y contra facturas, lo que obliga a los partidos a buscar préstamos y donaciones.
3. Profundización de la inequidad (especialmente con mecanismos como los certificados de cesión).
4. Pérdida de legitimidad del sistema electoral
5. Creación de sistemas de financiamiento paralelos al margen de la ley
