En su mensaje del 15 de septiembre, la presidenta Laura Fernández aprovechó la oportunidad para dejar claro una vez más su disconformidad con el trabajo del Poder Judicial en la administración de la justicia.
Tras aseverar que los costarricenses merecen mejores servicios y no volver al pasado, Fernández indicó que el país requiere instituciones que cumplan con su trabajo.
“Respetamos profundamente la independencia de los poderes de la República, pero independencia no significa indiferencia y autonomía no es una excusa para no hacer lo correcto por Costa Rica. Nuestro país necesita instituciones que trabajen juntas y que respondan con resultados, pero que dejen de pensar en las próximas elecciones y piensen en lo mejor para nuestro país”, dijo la mandataria.
Las palabras de Fernández se dan un par de días después de su decisión de impulsar un recorte de ¢11 mil millones y no ¢27 mil millones, como se había dicho en un principio.
El Gobierno de Fernández y la Corte Suprema llevan ya cuatro meses de un enfrentamiento por la administración de la justicia, la permanencia de los magistrados actuales y el presupuesto del Poder Judicial.
“Hoy Costa Rica vuelve, hoy Costa Rica vuelve a estar frente a una decisión histórica. Podemos volver a las cadenas de siempre, al abandono, a la corrupción, a los ticos con corona, a la ineficiencia, al miedo y a la resignación, o podemos escoger la libertad, compatriotas, la libertad de educar mejor, la libertad de trabajar y prosperar, la libertad de vivir sin miedo, la libertad de tener un Estado con instituciones públicas que funcionen, que respondan, que entreguen resultados y que se atrevan a modernizarse”, explicó Fernández.
“No es suficiente”
En la previa, Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema, minimizó la decisión de Fernández de otorgar más dinero al Poder Judicial.
En un video compartido con la prensa, indicó que el Gobierno pretende establecer, de "manera exclusiva", normas de ejecución presupuestaria en el plan de gastos del otro año.
En otras palabras, el Poder Judicial tendrá que cumplir con varias metas impuestas por los diputados en la Comisión de Hacendarios del Congreso para que el Gobierno de Fernández entregue la totalidad del dinero.
“Lo que está pasando puede afectar directamente los servicios que reciben los ciudadanos en materia de justicia. (…) Se pretende establecer, de manera exclusiva para el Poder Judicial, una serie de requisitos para acceder a una parte de los recursos que fueron presupuestados para el otro año. Según la nueva aprobación presupuestaria, se requiere de trámites y aprobaciones de una comisión, el plenario y el Ministerio de Hacienda. Fiscalizar significa que los recursos se usen correctamente, y otra cosa es condicionar cuándo pueden usarse”, dijo Aguirre.





































