Laura Fernández anuncia que recorte al Poder Judicial será de ¢11 mil millones y no de ¢27 mil millones

El recorte al presupuesto del Poder Judicial para 2027 será finalmente de ¢11 mil millones y no de ¢27 mil millones, según anunció la presidenta Laura Fernández, esta noche en la cadena nacional de este domingo.

La mandataria, confirmó que ya dio la instrucción al Ministerio de Hacienda para reducir el monto inicialmente planteado.

“Aunque el Ministerio de Hacienda anunció que el presupuesto del Poder Judicial para el año 2027 iba a requerir una reducción de ¢27 mil millones, lo cierto es que di la instrucción de que la disminución solicitada sea solamente de ¢11 mil millones. La reducción que se les aplicará es de apenas un 2%”, afirmó la mandataria.

El anuncio se produce en medio de un fuerte diferendo entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia por el presupuesto del próximo año y la administración de la justicia.

El Gobierno ha defendido que la menor recaudación de ingresos fiscales obligará a todas las instituciones públicas a contener el gasto.

Fernández también rechazó los señalamientos de autoridades judiciales sobre el impacto que tendrían los recortes en la capacidad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para perseguir delincuentes.

“No puede ser que los jerarcas del Poder Judicial mientan diciendo que este gobierno es el responsable de que el OIJ no pueda seguir a los delincuentes ni trabajar en ninguna otra cosa a partir de diciembre de este año por los recortes que ni siquiera se han aplicado todavía. Estos problemas que llevan años son mi culpa. A mí no me utilizarán como excusa de sus errores”, manifestó.

La presidenta aseguró además que los recursos para la seguridad de los funcionarios judiciales estarán garantizados.

“Tendrán recursos para las armas y los chalecos antibalas. No tendrán que tirarles piedras a los delincuentes, como irresponsablemente han dicho ante los medios de comunicación”, señaló.

Fernández cuestionó, además, algunos gastos del Poder Judicial y puso como ejemplo el alquiler del edificio donde funciona la Sala Constitucional, cuyo costo, según afirmó, pasó de $102.000 mensuales en 2017 a $122.000 desde 2024.

La mandataria sostuvo que el Poder Judicial debe rendir cuentas sobre el uso de sus recursos, incluido el gasto en ese inmueble, del que, según indicó, solamente llega a utilizarlo el 20% de los empleados.

El presupuesto del Gobierno Central para 2027 contempla un recorte de ¢393 mil millones, equivalente a una reducción del 3,1% frente al plan de gastos de 2026. En total, el Ejecutivo proyecta gastar ¢12,4 billones, de los cuales ¢4,6 billones, un 37,7%, corresponden a nueva deuda.

El servicio de la deuda representa el 40% del presupuesto y las remuneraciones un 24,7%, mientras que las transferencias absorben un 28,2% y otros gastos un 7,1%.

“Tendrán que dar cuentas (...) Precisamente porque somos un gobierno gerencial y administramos muy bien la plata del pueblo, liberaremos los recursos en tractos solo después de que se cumplan tres pasos”, concluyó.