“Privados de libertad tienen miedo de caer en El CACCO”: Mecanismo de Prevención de la Tortura
Organismo advierte sobre posibles violaciones de derechos humanos y cuestiona las medidas de seguridad impuestas en el nuevo centro penitenciario
El temor de terminar en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) se ha convertido en una amenaza para la población penitenciaria, según advirtió Esteban Vargas, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNPT), adscrito a la Defensoría de los Habitantes.
De acuerdo con Vargas, los privados de libertad perciben este centro como un lugar de sufrimiento, en medio de las estrictas medidas de seguridad y las restricciones impuestas a quienes son trasladados a sus instalaciones.
“La población privada de libertad tiene ese temor gigante. Se está viendo El CACCO como un lugar de sufrimiento y ello es utilizado como una amenaza hacia esa población”, manifestó Vargas.
El representante del MNPT también cuestionó la dimensión del proyecto penitenciario, al señalar que el sistema alberga alrededor de 20 mil personas y que el Ministerio de Justicia espera trasladar unas 5 mil a esta modalidad de encierro.
“Es decir, una cuarta parte de la población penitenciaria va a estar en una modalidad de encierro con un nivel de supresión mayor de sus derechos”, advirtió.
Las declaraciones se producen en medio de las críticas de organizaciones de derechos humanos por las condiciones de reclusión en el CACCO, inaugurado recientemente como parte de la estrategia de las autoridades para combatir el crimen organizado.
Los cuestionamientos surgieron luego de que se dieran a conocer imágenes de privados de libertad con la cabeza rapada y uniformes color naranja, sometidos a estrictos protocolos de seguridad similares a los aplicados en cárceles de El Salvador.
Entre las medidas anunciadas por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, figuran la permanencia de los reclusos durante 23 horas al día en sus celdas y una hora de exposición al sol. Además, las visitas conyugales quedarían limitadas a una cada seis meses.
En el caso de los privados de libertad que tienen hijos, las visitas presenciales estarían restringidas y el contacto se realizaría mediante videoconferencias.
Ante las críticas, Aguilar defendió las medidas y sostuvo que el orden y la disciplina son necesarios por razones de seguridad e higiene. Asimismo, rechazó que la política penitenciaria del Gobierno implique maltrato o tortura.
Sin embargo, Vargas cuestionó que las autoridades aseguren respetar los derechos humanos mientras se implementan estas medidas en los centros de alta contención.
“El Ministerio de Justicia ha dicho que respetan los derechos de esta población; sin embargo, la dinámica que se ha presentado en el circuito de alta contención y aparentemente en el CACCO recién inaugurado es un atropello a los derechos de las personas privadas de libertad”, afirmó.
Vargas también comparó el modelo costarricense con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de El Salvador, y advirtió sobre los riesgos de replicar ese esquema en el país.
“El CECOT de El Salvador, este tipo de centro penitenciario ha sido documentado como una modalidad de establecimiento en el que hay una violación sistemática de los derechos de las personas privadas de libertad y aquí quieren copiar ese modelo. En la práctica se considera una tortura”, señaló.
Otro de los aspectos cuestionados por el representante del MNPT es el rapado obligatorio del cabello, una medida que el Ministerio de Justicia ha defendido como parte de sus protocolos de orden, disciplina e higiene.
Vargas puso en duda que esta práctica contribuya efectivamente a mejorar la seguridad dentro de los centros penitenciarios o fuera de ellos.
“¿Qué aporta el rapado de pelo de una población privada de libertad a la seguridad ciudadana, a la seguridad penitenciaria?”, cuestionó.