Sala IV definirá legalidad de condicionamiento de gasto de ¢30 mil millones para el Poder Judicial en 2027

Al considerar que el Poder Judicial debe contar con todos los recursos posibles para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, los diputados del Partido Liberación Nacional acudieron a la Sala IV para eliminar un puñado de normas de ejecución presupuestaria que condicionarán el acceso a unos ¢30 mil millones en 2027.

“Presentamos ante la Sala Constitucional de Costa Rica la consulta de la norma 9, 10, 11 y 12 del Presupuesto Ordinario 2027. Creemos que se tratan de graves obstáculos en el funcionamiento del Poder Judicial que afectará la lucha contra el crimen organizado”, expresó Ángela Aguilar, diputada del PLN.

Las normas de ejecución presupuestaria que se aplican en el presupuesto para el Poder Judicial establecen que el Ministerio de Hacienda y los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, dominada por el oficialista Pueblo Soberano, den su aval para que la Corte acceda a esos ¢30 mil millones el próximo año durante el año.

Asimismo, obligan a ese poder de la República a contar con informes financieros auditados por la Contraloría. En principio el dinero solo sería entregado si la Corte cumple con varias metas.

Los verdiblancos también están molestos con el presupuesto por un recorte de ¢8 mil millones para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y el traslado de unos ¢250 mil millones de programas sociales para el régimen no contributivo de la CCSS y así financiar pensiones.

“Por estos recortes, al FEES y a los programas sociales, este presupuesto 2027 no se puede aprobar”, dijo Diana Murillo, legisladora del PLN.

A mediados de semana, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron positivamente el presupuesto del Gobierno central por ¢12,4 billones.