Gobierno de Laura Fernández niega ante la CIDH interés en tomar el control del Poder Judicial
Organizaciones judiciales denunciaron al país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Laura Fernández negó de manera tajante cualquier interés en socavar al Poder Judicial y tomar su control.
De hecho, la Cancillería defendió la independencia judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Eso sí, la delegación costarricense expuso argumentos en torno a los nombramientos judiciales, la decisión del gobierno de recortar el presupuesto de todo el Estado por falta de recursos y la necesidad de que la Corte rinda cuentas sobre la supuesta falta de justicia pronta y cumplida.
La audiencia se celebró en Panamá en días pasados, como parte de una denuncia presentada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), sobre una supuesta estrategia del gobierno para debilitar la independencia judicial en Costa Rica.
Minar la confianza ciudadana y presentar al Poder Judicial como único responsable de la inseguridad, además de supuestos intentos de debilitar a la Sala Constitucional y la pretensión de condicionar el presupuesto judicial, son parte de las supuestas acciones tendientes a socavar la autoridad judicial.
“En materia presupuestaria, el Gobierno indicó que se asignó al Poder Judicial un monto equivalente al 6,87% del Presupuesto Nacional, por encima del mínimo del 6% establecido en la Constitución Política. La Administración también destacó que esa asignación se mantuvo pese a una reducción del 2,35% en los ingresos corrientes del país”, indicó el gobierno.
Otro de los puntos expuestos fue la relación entre la independencia judicial y la responsabilidad de las instituciones públicas de rendir cuentas a la ciudadanía.
El Gobierno afirmó que respeta las resoluciones de los tribunales, pero recordó que el artículo 11 de la Constitución Política establece obligaciones de rendición de cuentas para los funcionarios públicos.