Sala IV definirá legalidad de recorte de ¢8 mil millones para el FEES
Dinero adeudado no puede cambiar de destino, según legisladores del Frente Amplio
Varios diputados del Frente Amplio acudieron este martes a la Sala IV para tratar de evitar un recorte de ¢8 mil millones para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en el presupuesto del próximo año.
Los diputados del Frente señalaron que se trata de recursos postergados de la educación superior estatal correspondientes al ejercicio económico 2020-2021.
Esto significa que el dinero conserva todas las garantías constitucionales propias del financiamiento de la educación superior universitaria.
“Al ser recursos para el FEES resultan indisponibles para las diputaciones, o sea, que no se les puede dar un fin distinto a lo ya acordado, tal como indica el art. 85 de la Constitución. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejores que las sustituyan”, dijo el Frente.
Por otra parte, la Sala IV ya estudia otro reclamo presentado por la Corte Suprema y por Ángela Aguilar, diputada del PLN, tendiente a evitar un condicionamiento de ¢30 mil millones para el Poder Judicial.
En este caso, se trata de normas de ejecución presupuestaria, por lo que la Corte Suprema solo podrá acceder a los recursos si el Ministerio de Hacienda y los diputados oficialistas de Pueblo Soberano lo aprueban.
“En el tema presupuestario, yo creo que las líneas han sido claras de parte del Poder Judicial. Por ejemplo, ya se formuló y se presentó una consulta de constitucionalidad sobre las normas presupuestarias. Yo estoy convencida de que ese presupuesto no solo tiene roces de constitucionalidad, sino que supone un golpe muy duro para la vida democrática de nuestro país. Se trata de un presupuesto que crea normas de ejecución presupuestaria que son exclusivas para el Poder Judicial y que, además, son inéditas”, indicó Patricia Vargas, nueva presidenta de la Corte.