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La independencia judicial, el rezago en los procesos, las tensiones con el Gobierno y la necesidad de agilizar la justicia penal figuran entre las principales prioridades de Patricia Vargas, nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
La magistrada expuso ayer, tras ser electa para el cargo por los próximos cuatro años, los retos que asumirá al frente del Poder Judicial, defendió la institucionalidad ante los cuestionamientos de la presidenta Laura Fernández y adelantó que buscará acercamientos con las diputaciones de todas las fracciones para impulsar reformas que permitan acelerar los procesos penales.
Vargas también cuestionó las normas presupuestarias que impulsa el Gobierno para 2027, al considerar que podrían afectar la vida democrática del país, y rechazó de manera contundente la afirmación de Fernández de que el narcotráfico ha penetrado hasta el tuétano al Poder Judicial.
¿Cuáles son sus metas al frente del Poder Judicial?
Uno de los ejes más importantes está relacionado con el tema de independencia judicial. Es básico este tema para que la vida democrática de este país avance y se preserve tal cual.
También tenemos un compromiso con el rezago judicial. La justicia que llega tardía no es justicia y tenemos claro que el reto que hay por delante en esta materia es grande, pero lo importante es que tenemos capacidad de mejorar en esta área.
Necesitamos también acercarnos más a la ciudadanía.
Por otra parte, tenemos muchas preocupaciones en el ámbito del derecho penal, en el ámbito de los procesos penales y en la jurisdicción penal. Tenemos retos importantes porque entendemos que esos procesos son particularmente importantes.
Usted llega a la presidencia en un momento importante, en donde existe mucha tensión en la relación con el Gobierno, ¿cuál será su posición y la posición de la Corte Suprema de aquí en adelante?, ¿se reunirá con la presidenta Laura Fernández?
El Poder Judicial ha estado abierto al diálogo y en mi presidencia, por supuesto, que seguirá estando abierto al diálogo, pero también, como lo he dicho ya reiteradamente, tienen que existir condiciones de buena fe.
Tiene que haber respeto a las competencias de cada poder de la República. Para nosotros, el tema de la independencia judicial es esencial. No es algo que esté sujeto a discusión.
Nosotros, como representantes de los supremos poderes, me refiero a todos, el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, tenemos que construir sobre la base del respeto y esto es esencial si queremos que esas conversaciones se traduzcan en acciones concretas en beneficio de la ciudadanía.
En cuanto al encuentro, será algo que vamos a discutir prioritariamente una vez que nos sentemos a trabajar, pero cualquier conversación, definitivamente, pasa por el respeto institucional. Nosotros no podemos degradar la discusión con ataques personales o ataques que dividen y que polarizan. Eso no lo quiere la ciudadanía ni lo quiere este poder de la República, sino todo lo contrario.
El Poder Judicial es autocrítico y en lo personal entiendo que la crítica enriquece, permite a las instituciones mejorar, pero, por supuesto, esto tiene que darse en un ambiente de respeto, de buena fe e, insisto, de respeto de las competencias de cada órgano.
Usted viene de la Sala III que ve la materia penal, ¿cuáles cambios se implementarán para cumplir con la demanda de la ciudadanía?
Queremos lograr que los procesos penales avancen con mayor celeridad y que la respuesta finalmente llegue a la ciudadanía.
Yo espero desde la presidencia de la Corte conversar con las diputaciones de todos los partidos para que entiendan la necesidad de que se apruebe una reforma que nos permita avanzar en ese espacio.
¿Qué opina de las normas presupuestarias para el 2027 que impulsa el Gobierno en el próximo presupuesto y cómo lidiar con la carencia de ¢30 mil millones condicionados?
En el tema presupuestario, yo creo que las líneas han sido claras de parte del Poder Judicial. Por ejemplo, ya se formuló y se presentó una consulta de constitucionalidad sobre las normas presupuestarias.
Yo estoy convencida de que ese presupuesto no solo tiene roces de constitucionalidad, sino que supone un golpe muy duro para la vida democrática de nuestro país.
Se trata de un presupuesto que crea normas de ejecución presupuestaria que son exclusivas para el Poder Judicial y que, además, son inéditas.
Cuando el Poder Judicial se planta y defiende este presupuesto, lo hace para mejorar el servicio a la ciudadanía.
Por primera vez en la historia de Costa Rica tres mujeres lideran los tres poderes de la República, ¿qué opina?, ¿facilita el diálogo?
Me enorgullece ser la segunda mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Ciertamente, es un hito histórico que en 200 años de vida de esta institución, pues me corresponda a mí ese privilegio.
Ahora bien, yo quisiera pensar que esto va a motivar para que las jerarquías de los otros poderes de la República se unan en esta discusión, desde el respeto de las competencias que tenemos cada una, para construir y que esto sirva también para abrirle las puertas a otras mujeres y, sobre todo, a las jóvenes y a las niñas que vienen detrás.
La presidenta Fernández señala que el narcotráfico ha infiltrado hasta el tuétano al Poder Judicial, ¿usted qué opina?
Rechazo esa afirmación de manera contundente. Me parece que no se corresponde con la realidad del Poder Judicial, donde ciertamente se han dado casos, los cuales han sido detectados por la institución y están siendo investigados como corresponde.
El hecho de que este tipo de situaciones se den en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial hace pensar a algunos que los poderes están tomados por la delincuencia, pero yo, por lo menos, con todo respeto para quien piensa de otra manera, no comparto esa afirmación.
