El decreto 45962-MSP reduce el alcance del secreto, pero deja en manos del Poder Ejecutivo una decisión que la Constitución y la jurisprudencia de la Sala Constitucional reservan al legislador.
El 19 de octubre pasado se publicó en La Gaceta el decreto ejecutivo 45962-MSP, mediante el cual la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, modificaron los artículos 2 y 3 del decreto 45870-MSP. Este último, publicado el 10 de agosto, había declarado secreto de Estado una amplia gama de información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo interinstitucional conocido como “Fuerza Élite”. La reforma no llegó por iniciativa espontánea: se produjo después de que la Sala Constitucional admitiera a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad contra la declaratoria original, que hoy se tramitan acumuladas en un solo expediente.
No cabe duda de que el nuevo texto mejora el anterior. Excluye del secreto los procedimientos ordinarios de contratación, la ejecución presupuestaria general y la fiscalización financiera; introduce criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, y prohíbe invocar el secreto frente a la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los órganos de fiscalización superior. Sin dejar de reconocer ese avance, estimamos que la reforma no resuelve el problema de fondo, pues este nunca estuvo en la amplitud del decreto, sino en el instrumento elegido. Un decreto ejecutivo, por acotado que sea, no es la vía constitucionalmente idónea para restringir un derecho fundamental, y un vicio de esa naturaleza no se corrige mediante otro decreto.
En las líneas que siguen nos proponemos demostrar esa tesis a partir de cuatro elementos: el contenido de ambos decretos, el principio de reserva de ley que rige la limitación de los derechos fundamentales, la imposibilidad jurídica de convalidar un acto absolutamente nulo y los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado en materia de acceso a la información pública.
I. Lo que decía el decreto y lo que cambió
El decreto 45870-MSP, publicado en el Alcance N.° 104 a La Gaceta del 10 de agosto de 2026, declaró secreto de Estado un conjunto de materias que, por su sola enumeración, revela su vocación expansiva. Según la descripción que de él hicieron los medios, comprendía la información operativa y de inteligencia (despliegues, capacidades, planes de respuesta, protocolos de intervención y recursos tecnológicos), la estructura de mando y los mecanismos de control interno, incluidos los protocolos de evaluación de confiabilidad de los funcionarios, y, de especial interés para el control ciudadano, las partidas presupuestarias, los rubros de gasto y los expedientes de contratación, con la identidad de proveedores y subcontratistas. La cobertura alcanzaba, según su propio texto, “la totalidad de las actuaciones, expedientes administrativos, estudios previos, requerimientos técnicos”. En la práctica, bastaba que un documento versara sobre el Consejo, la DIS o la “Fuerza Élite” para quedar sustraído del conocimiento público, sin que mediara un examen sobre su contenido real ni sobre la existencia de un peligro objetivo.
El decreto 45962-MSP corrige varios de esos excesos. Excluye de la reserva los procedimientos ordinarios de contratación, la ejecución presupuestaria general y la fiscalización financiera. Exige que la Administración aplique un “criterio de necesidad, idoneidad y proporcionalidad”, examine la existencia de un “riesgo cierto, inminente y directo para la vida de las personas” y justifique su decisión ante quien solicite la información. Dispone, además, que la confidencialidad solo proceda cuando la divulgación pueda entorpecer las labores de seguridad o poner en riesgo vidas, y prohíbe oponer el secreto a los poderes y órganos de control.
Pese al esfuerzo puesto en la reforma, conviene advertir un detalle que no es menor. Si la exclusión alcanza los procedimientos ordinarios de contratación, cabe preguntarse, a contrario sensu, qué ocurre con las compras tramitadas por procedimientos de excepción, que en materia de seguridad son precisamente las más frecuentes y las que menos controles tienen. El texto, tal como ha sido divulgado, no despeja esa duda. Y es justamente allí, en la zona de las contrataciones de urgencia y de los procedimientos especiales, donde la publicidad cumple su función más importante.
II. El defecto de origen: la reserva de ley
El artículo 30 de la Constitución Política dispone: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”. La estructura de la norma es clara: el acceso es la regla y el secreto, la excepción. La Sala Constitucional lo ha entendido así desde la sentencia 136-2003, de las 15:22 horas del 15 de enero de 2003, en la que señaló que “el secreto o la reserva administrativa son una excepción que se justifica, únicamente, bajo circunstancias calificadas cuando por su medio se tutelan valores y bienes constitucionalmente relevantes”. En ese mismo fallo, según lo han recordado distintos comentaristas, el tribunal circunscribió el secreto de Estado a tres ámbitos: la seguridad nacional, la defensa frente a agresiones a la soberanía y las relaciones exteriores.
Ahora bien, que el secreto de Estado tenga cabida constitucional no significa que cualquier órgano pueda declararlo por cualquier vía. Por tratarse de un límite a un derecho fundamental, su regulación está sujeta al principio de reserva de ley, que el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública recoge en términos inequívocos: el régimen jurídico de los derechos constitucionales está reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes, y quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esa materia. La Sala Constitucional ha aplicado ese principio al tema que nos ocupa. En los votos 13236-2003 y 320-2005, citados en el debate público de estas semanas, afirmó que “el secreto de Estado como un límite al derecho de acceso a la información administrativa es reserva de ley”.
No desconocemos que existe una posición distinta. Algunos colegas sostienen que el Poder Ejecutivo sí puede declarar el secreto por decreto, siempre que lo haga de manera puntual y motivada, y que la objeción contra el decreto 45870-MSP reside en su carácter masivo, no en su forma. Estimamos, con respeto, que esa tesis confunde dos planos. La proporcionalidad de una restricción es un examen que solo tiene sentido una vez superado el examen de legalidad; si la norma que restringe carece de rango legal, la discusión sobre su amplitud resulta, por así decirlo, prematura.
A lo cual debe añadirse que el ordenamiento costarricense conoce una sola habilitación legal expresa en esta materia: el artículo 16 de la Ley General de Policía, que permite declarar secreto de Estado “los informes y los documentos internos de la Dirección de Seguridad del Estado”, y hacerlo “mediante resolución del Presidente de la República”. La norma es de alcance acotado: se refiere a un órgano determinado y a un tipo determinado de documentos. De ella no puede extraerse una potestad general para declarar secreta la información de un consejo ministerial, de un grupo interinstitucional creado por decisión administrativa o de los expedientes de contratación de varias dependencias. Pretenderlo equivaldría a aplicar por analogía una norma restrictiva de derechos, lo cual está vedado. La propia Sala, en la resolución 2025-011951, describió la regulación nacional del secreto de Estado como “desarticulada, dispersa e imprecisa”. Ese diagnóstico no autoriza al Ejecutivo a llenar el vacío; por el contrario, confirma que la tarea pendiente corresponde a la Asamblea Legislativa.
III. Por qué reformar no resuelve el problema
La Ley General de la Administración Pública distingue con claridad entre los vicios que admiten corrección y los que no. El acto relativamente nulo puede ser convalidado mediante uno nuevo que mencione el vicio y su corrección (artículo 187), o saneado cuando el defecto consiste en la omisión de un requisito subsanable. El acto absolutamente nulo, en cambio, no puede arreglarse a derecho ni por saneamiento ni por convalidación (artículo 172). Aunque esas reglas fueron pensadas para el acto administrativo, la lógica que las inspira se aplica, mutatis mutandis, a la norma reglamentaria: cuando el defecto consiste en que el órgano ejerció una potestad que el ordenamiento le niega, el vicio afecta la competencia misma y no puede corregirse con una nueva manifestación de esa potestad inexistente.
Eso es exactamente lo que sucede con el decreto 45962-MSP. La reforma acota el alcance del secreto e introduce criterios de proporcionalidad, pero lo hace mediante el mismo instrumento cuestionado. Si el Poder Ejecutivo carece de competencia para regular por decreto las restricciones al derecho de acceso a la información, carece también de competencia para regularlas “bien”. La reforma no cambia la naturaleza de la norma; solo modifica su contenido.
De especial interés resulta, en este punto, el antecedente de 1996. El 30 de abril de ese año, el presidente José María Figueres Olsen y el ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro, firmaron el decreto 25127-SP, que declaró secretos, entre otros, los registros de armas del Arsenal Nacional y los expedientes para adquirir armas y municiones. El 7 de mayo, diputados del Partido Unidad Social Cristiana presentaron una acción de inconstitucionalidad (expediente 96-002198-007-CO y otras tres acumuladas). El 26 de julio de 1996, el propio gobierno derogó la declaratoria mediante el decreto 25363-SP, setenta y ocho días después de haberla emitido. La Sala resolvió las acciones hasta el 6 de octubre de 1998, mediante la resolución 7121-98, y las rechazó de plano por un problema de legitimación de los accionantes, sin pronunciarse sobre el fondo.
El resultado de aquel episodio es aleccionador: treinta años después, la cuestión de si el Poder Ejecutivo puede declarar secretos de Estado por decreto sigue sin una respuesta definitiva de la Sala en un caso de esta envergadura. Estimamos que sería un error repetir la historia. Si la Sala considerara que la reforma de octubre deja sin objeto las acciones planteadas contra el texto de agosto, el decreto seguiría vigente, con su vicio de origen intacto, y el Ejecutivo conservaría la posibilidad de ampliar de nuevo su alcance en cualquier momento, por la misma vía y sin intervención del legislador. A lo cual debe añadirse que el texto original produjo efectos durante más de dos meses, lapso en el cual pudo haberse denegado información a periodistas, ciudadanos y oferentes.
No se trata, por tanto, de una discusión académica. Lo que está en juego es si la regla del artículo 30 constitucional puede ser administrada a discreción por el Poder Ejecutivo, que la amplía cuando lo considera conveniente y la reduce cuando enfrenta un control judicial. Un derecho fundamental cuyo contenido depende de la estrategia procesal del gobierno de turno deja de ser, en rigor, un derecho.
IV. El estándar interamericano
La conclusión que venimos sosteniendo no depende solo del derecho interno. En el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 19 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el acceso a la información bajo control del Estado forma parte de la libertad de pensamiento y de expresión protegida por el artículo 13 de la Convención Americana. Ese derecho admite restricciones, pero la Corte fijó tres requisitos para que sean válidas, que conviene transcribir en sus propios términos.
En primer lugar, las restricciones “deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público” (párrafo 89). En segundo lugar, “la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención Americana”, entre los cuales figura “la protección de la seguridad nacional” (párrafo 90). Finalmente, “las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo”, de modo que, entre varias opciones, “debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido” (párrafo 91).
El orden de esos requisitos no es casual. La Corte coloca primero la exigencia de ley y solo después el objetivo legítimo y la necesidad. Esa secuencia coincide con la que hemos propuesto para el derecho costarricense. El decreto 45962-MSP pretende satisfacer el segundo y el tercer requisito, en cuanto invoca la seguridad nacional e incorpora criterios de necesidad y proporcionalidad, pero no puede satisfacer el primero, porque no es una ley. Tampoco es un detalle formal: la razón que da la propia Corte para exigir ley es que la restricción no quede “al arbitrio del poder público”, que es precisamente lo que ocurre cuando el mismo órgano que custodia la información decide, por sí y ante sí, cuánta de ella puede conocer la ciudadanía.
Sobra señalar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene, en nuestro sistema, valor de fuente del Derecho de la Constitución, según lo ha reconocido reiteradamente la Sala Constitucional. De ahí que el examen que corresponde hacer al tribunal no se limite al artículo 30 de la Constitución, sino que deba integrar también el parámetro convencional. Al respecto puede consultarse el voto de dicha Sala número 2313-95 en que expresó: “debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la fuerza de su decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá -de principio- el mismo valor de la norma interpretada.”
V. Conclusión
La reforma de octubre merece reconocerse como un gesto de rectificación, y nada de lo dicho aquí pretende negar que el Estado necesite proteger cierta información en materia de seguridad. La experiencia comparada demuestra que las democracias consolidadas lo hacen. Pero lo hacen mediante leyes que definen con precisión las materias clasificables, los órganos competentes para clasificar, los plazos máximos de reserva, los procedimientos de desclasificación y los controles externos sobre la decisión. Ninguno de esos elementos puede improvisarse en un decreto, y mucho menos corregirse mediante otro.
De ahí que estimemos necesarias dos respuestas institucionales. La primera corresponde a la Sala Constitucional, que debería pronunciarse sobre el fondo de las acciones acumuladas aun después de la reforma, porque el vicio que se le plantea no desapareció con ella y porque el país no puede esperar otros treinta años para conocer la respuesta. La segunda corresponde a la Asamblea Legislativa, que tiene pendiente desde hace décadas la tarea de dictar una ley de secretos de Estado y materias clasificadas, acorde con el artículo 30 de la Constitución y con los estándares interamericanos.
Mientras esa ley no exista, el secreto de Estado seguirá dependiendo de la voluntad de quien gobierna. Y un límite a la transparencia que se amplía o se reduce según la conveniencia del Poder Ejecutivo no es, en rigor, un límite: es una potestad sin control.





































