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Tuve la oportunidad de participar en el IX Congreso Internacional de Regulación organizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), realizado los días 16 y 17 de septiembre. Entre las distintas exposiciones, una llamó particularmente mi atención: la de Anna Pietikäinen, jefa de la División de Política Regulatoria de la OCDE, quien planteó la necesidad de fortalecer la regulación mediante mayor coordinación institucional, soluciones más flexibles, digitalización y una supervisión basada en riesgos.
Detrás de estas ideas existe algo más profundo: un cambio de paradigma en la forma de entender la regulación.
Durante décadas construimos modelos regulatorios basados fundamentalmente en información histórica. Las empresas reportan costos, inversiones, demanda y condiciones operativas; posteriormente, el regulador analiza esa información y determina tarifas, estándares y condiciones para la prestación del servicio.
Este modelo puede funcionar para servicios relativamente estables. El problema surge cuando pretendemos regular con la misma lógica sistemas que cambian mucho más rápido que nuestros procedimientos institucionales.
El transporte público es un excelente ejemplo. La demanda se transforma por el teletrabajo, las plataformas digitales, nuevas centralidades urbanas y cambios en los patrones laborales y educativos. Simultáneamente aparecen recaudo electrónico, GPS, aplicaciones, inteligencia artificial y enormes capacidades de procesamiento de datos.
Mientras la movilidad cambia diariamente, buena parte de la regulación continúa observando fotografías del pasado.
Aquí está el verdadero cambio de paradigma: pasar de una regulación retrospectiva hacia una regulación adaptativa, basada en datos, riesgos y resultados.
El pago electrónico permite visualizar esta transformación. No es solamente una nueva forma de cobrar el pasaje. Cada transacción genera información sobre cuándo y cómo se utiliza el transporte. Combinada con información operativa, permite comprender con mucho mayor detalle qué ocurre en una ruta.
Esto cambia las preguntas regulatorias.
Ya no deberíamos preguntarnos solamente cuánto costó operar una ruta durante el período anterior. Podemos preguntarnos dónde disminuye la demanda, cuáles horarios requieren mayor capacidad, dónde existen viajes subutilizados o qué modificaciones operativas podrían mejorar el servicio.
Incluso la pérdida de pasajeros requiere esta nueva perspectiva. La respuesta no puede limitarse a reorganizar administrativamente rutas por medio de la llamada "regionalizacion". La tecnología ofrece otra posibilidad: adaptar la oferta a una demanda cada vez más dinámica.
Pero esto requiere también cambiar cómo construimos regulación. En lugar de diseñar desde arriba el sistema completo y posteriormente intentar ajustarlo a la realidad, podemos desarrollar pilotos, medir resultados, corregir y construir estándares a partir de evidencia. Es decir, aplicar ingenieria inversa.
Primero experimentar. Luego medir. Después escalar y regular.
Esto no reduce la importancia del regulador. Por el contrario, la hace más sofisticada: proteger al usuario, establecer objetivos y reglas, supervisar riesgos y garantizar transparencia, pero creando simultáneamente espacio para innovación y adaptación.
La discusión del futuro, entonces, no será simplemente entre más o menos regulación. Será entre una regulación diseñada para administrar estructuras relativamente estáticas y otra capaz de aprender y adaptarse a sistemas que cambian permanentemente.
En transporte público esa transición ya comenzó.
El desafío es que la regulación pueda evolucionar a la misma velocidad.
MBA. Bernal Rodríguez
Presidente de CANABUS
