Evelyn Valle
Consultora de Comercio Exterior de Grant Thornton
Evelyn.valle@cr.gt.com
La Unión Europea tiene como propósito ser el primer continente climáticamente neutro para el 2050, para lo cual ha puesto en marcha determinadas iniciativas clave, como el Reglamento UE 2023/1115, conocido como Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés). Esta norma pretende condicionar el ingreso de determinados productos al mercado europeo al establecer requisitos relacionados con la deforestación y la degradación forestal.
Los operadores europeos deberán presentar una Declaración de Debida Diligencia que comprende la identificación y evaluación de riesgos de incumplimiento por parte de sus proveedores, así como la adopción de medidas adicionales de mitigación cuando se detecten riesgos relacionados a la deforestación. Esta declaración será construida a partir de la información que los actores iniciales faciliten como, productores y exportadores.
El Reglamento exige que los productos satisfagan tres condiciones centrales. En primer lugar, deben haber sido producidos de conformidad con la legislación del país de producción, es decir, la legislación costarricense. En segundo lugar, deben provenir de terrenos que no hayan sido objeto de deforestación después del 31 de diciembre de 2020. En tercer lugar, los operadores europeos encargados de su importación y comercialización deberán presentar una Declaración de Debida Diligencia, respaldada por información sobre la geolocalización de las parcelas de producción y un sistema de trazabilidad que permita demostrar que los productos están libres de deforestación.
Finalmente, es importante señalar que la Comisión Europea ha clasificado a Costa Rica como un país de “riesgo bajo”. Esta categoría supone obligaciones de debida diligencia simplificadas para las mercancías procedentes del país y una revisión (muestreo) aproximada que no superará el 1% de las mercancías exportadas. Aunque si bien, esta categoría facilita el cumplimiento de requisitos de debida diligencia, no deberá entenderse como una exención de la obligación de demostrar que los productos cumplen las condiciones del reglamento.
Este Reglamento entrará en vigor a partir del 30 de diciembre de 2026 para los operadores medianos y grandes, es decir, empresas con una facturación neta aproximada de $56,109,750.00. Mientras que, para los operadores micro y pequeños, con una facturación neta aproximada de entre $1,009,975.50 y $16,832,925.00, hasta el 30 de junio de 2027, con un régimen simplificado de debida diligencia.
En la práctica esto se traduce, en que cada productor pueda identificar claramente las fincas y parcelas de producción, disponer de datos de geolocalización y conservar la documentación de respaldo de los productos comercializados. Por lo que se recomienda realizar un diagnóstico inicial, determinando nuevos procesos de trazabilidad a implementar y establecer planes realistas con plazos específicos para alcanzar el cumplimiento total de la nueva reglamentación.
Estas nuevas obligaciones deben asumirse como un proceso de adaptación gradual y no como una barrera inmediata de acceso al mercado europeo, ya que el Reglamento permite implementar medidas correctivas y de mejora. Anticiparse a estas exigencias permitirá a los exportadores fortalecer la transparencia de sus cadenas de suministro, mantener su competitividad y preservar el acceso a un mercado que demanda cada vez mayores garantías de sostenibilidad ambiental.





































