Rebaja de ¢23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial afectaría el combate al crimen
El OIJ será el más afectado con una reducción de ¢9.536 millones
Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial. Cortesía/La República.
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Una vez más, la Corte Suprema de Justicia alertó sobre el impacto que tendría en la administración de la justicia un recorte presupuestario de ¢23.722 millones para el 2027.
Y es que, según los magistrados, la decisión del Gobierno de Laura Fernández afectaría el combate al crimen y el acceso a la justicia.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra la mayor reducción, con ¢9.536,3 millones.
Sobre este tema, la Corte aclaró que el fideicomiso para la construcción de infraestructura judicial no es de $700 millonesni de $600 millones, como hace referencia el Gobierno.
“Su monto es de $82 millones y no tiene relación con el presupuesto del Poder Judicial. Estos recursos están destinados a proyectos de infraestructura judicial para atender el déficit de edificios y espacios adecuados para la prestación de los servicios. Además, las obras buscan reducir progresivamente el gasto por alquileres y generar ahorros para el Estado”.
Asimismo, dejó claro que los recursos que el Poder Judicial custodia mediante depósitos judiciales no pertenecen a la institución ni forman parte de un fideicomiso.
“Se trata de dinero de las personas usuarias, vinculado a procesos judiciales en los que una autoridad ha ordenado un embargo, una retención u otra medida. También incluye los recursos correspondientes a pensiones alimentarias que deposita la parte obligada y que posteriormente son girados a la persona beneficiaria. El Poder Judicial no puede utilizar estos recursos para financiar su funcionamiento ni destinarlos a otros fines”, indicó el Poder Judicial.
