Con nuestra participación podemos fortalecer las municipalidades para gozar el beneficio de una democracia más cercana y conocedora de nuestras necesidades locales.

Votemos para mejorar las municipalidades

El domingo es la elección municipal. Por primera vez podremos votar por alcalde, regidores y síndico con independencia de unos comicios nacionales. Por primera vez podremos elegir a los ejecutivos y a los integrantes de los órganos deliberativos de nuestros cantones y distritos sin que solo prive el interés de las banderías políticas nacionales. Si lo hacemos conscientemente enfocados en los intereses de nuestro cantón, podemos mejorar nuestro gobierno local
Esta es la culminación de una serie de reformas que desde los años 70 se vienen dando para fortalecer el sistema municipal, la cenicienta del Estado costarricense. Aprovechémosla.
Desde el gobierno de Carrillo en 1841 las municipalidades pierden atribuciones y poder para centralizarlos en el Poder Ejecutivo, y ello nos ha llevado a que siendo Costa Rica la democracia más consolidada de nuestra zona geográfica, tengamos el régimen municipal más débil. Ese debilitamiento se intensificó con el surgimiento de las instituciones autónomas en la constitución de 1949, que asumieron antiguas competencias municipales. También el nacimiento de las asociaciones de desarrollo comunal en la Administración Trejos Fernández contribuyó al endeble estado de las corporaciones municipales, dado que no se coordinaron adecuadamente sus tareas con las fuerzas del voluntariado local organizado.
Se han dado esfuerzos por fortalecer su autonomía y competencias.
En la Administración de don José Joaquín Trejos se les transfirió el impuesto territorial, para independizar sus finanzas de las transferencias del gobierno central. La administración de este impuesto no se transfiere a las municipalidades sino hasta 1995.
También en la administración Trejos se emitió la Ley de Planificación Urbana, con la que se otorga a las municipalidades la tarea regulatoria del uso de los suelos urbanos, que desdichadamente ha tenido una muy lenta aplicación.
En 1998 se aprueba el nuevo Código Municipal, con el cual se pasa de gobernadores nombrados por el Poder Ejecutivo y ejecutivos municipales electos por los Consejos, a alcaldes electos popularmente. La primera vez fue en 2002.
En la administración de 1998-2002 se reforma la Constitución para mandar que se destine a las municipalidades un 10% de los ingresos ordinarios del presupuesto de la República, mediante una paulatina transferencia de competencias del Poder Ejecutivo, para lo cual se presenta el respectivo proyecto de traslado. Además con el Triángulo de Solidaridad se logra en ese periodo la coordinación de los municipios con las instituciones del gobierno nacional y los grupos de voluntariado local para fijar las prioridades y los recursos destinados a las actividades públicas cantonales, ejecutarlas y evaluar su cumplimiento.
También en mi administración se trasladan recursos del impuesto sobre los combustibles a los municipios para mantenimiento de caminos, lo cual fue incrementado el año pasado por una ley de traslado de competencias.
Pero a pesar de esto, en 2014 los gastos municipales solo representaron un 2% del gasto de las instituciones públicas y un 4,6% del presupuesto del Gobierno de la República.
Con nuestra participación podemos fortalecer las municipalidades para gozar el beneficio de una democracia más cercana y conocedora de nuestras necesidades locales.

Miguel Ángel Rodríguez

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