Videovigilancia regulada y transparente

La decisión del Gobierno del Presidente Oscar Arias de invertir $18 millones en la instalación de más de 3 mil cámaras de videovigilancia en el territorio nacional, entrega a las autoridades una herramienta más para luchar contra la delincuencia.

La inseguridad ciudadana es uno de los graves problemas que enfrenta el país, y se erige como la principal preocupación de los costarricenses, según las encuestas de opinión.

Esta preocupación nace de los hechos, pues al menos cuatro de cada diez familias costarricenses han sido víctimas del hampa, según un estudio sobre seguridad ciudadana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Cifras del Ministerio de Justicia indican que un 53% de los ciudadanos vive con el temor de que extraños ingresen a robar a sus casas.

Ante la gravedad del problema de la inseguridad en Costa Rica, la instalación de estas cámaras de vigilancia, que trabajarán las 24 horas y estarán colocadas en puntos públicos estratégicos, es una medida acertada.

Sin embargo, velando por el respeto a las libertades individuales y derechos de privacidad de la población, también sería acertado que se tomen las precauciones y previsiones necesarias para evitar el uso abusivo o incorrecto del sistema de vigilancia.

Las autoridades, que han promulgado la implementación de las cámaras como el elemento que pone a Costa Rica a la vanguardia en materia de seguridad ciudadana, deben tomar todas y cada una de las medidas tendientes a evitar que el sistema se convierta en una versión tropicalizada del Gran Hermano de la obra “1984”, de George Orwell.

Asimismo, se debería prever y procurar la existencia y eficiencia de un canal a través del cual los ciudadanos puedan elevar sus quejas o denuncias sobre posibles abusos de dicho sistema de cámaras.

Todos los aspectos del proceso, relacionados con la instalación del sistema, deben ser absolutamente transparentes, así como debe ser transparente su uso y propósito: velar por la seguridad de los costarricenses.