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Haber sido elegida de entre 500 mujeres nominadas a nivel regional para ser parte de las 50 latinas más influyentes en ciberseguridad fue motivo de celebración para el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien felicitó en su perfil en la red social X (antes Twitter) a la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, por tal galardón.
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Este reconocimiento fue anunciado por la organización Women in Cibersecurity (Womcy), que por cuarto año consecutivo realizó esta premiación con el objetivo de minimizar la brecha de conocimiento y carencia de talentos en ciberseguridad en mujeres latinoamericanas.
“Esta es la primera vez que una funcionaria del Estado y jerarca del sector público lo recibe. Entre las características que influyeron para el reconocimiento estuvieron el impacto generado en ciberseguridad, crecimiento profesional y ser una persona referente e influyente en ciberseguridad en el país”, indica una nota publicada por el Micitt.
La noticia surge en medio de una serie de críticas por parte de diversos sectores relacionados con el sector tecnológico, empresarial y diputados, entre otros, a raíz de la publicación del reglamento de ciberseguridad para redes 5G y superiores, el cual restringe a empresas chinas como Huawei y ZTE participar de procesos concursales dado que su país de origen no es firmante del Convenio de Budapest.
Justamente este miércoles en la conferencia de prensa semanal, el presidente Chaves apoyó públicamente a Bogantes en la defensa de dicha normativa, exhortándola a seguir adelante con dicha política.
No obstante, trascendió que diferentes Cámaras empresariales de tecnología ya han tenido acercamientos con autoridades del Micitt que llevaría a un eventual replanteamiento del reglamento, decisión que de momento no ha sido confirmada por ningún representante del ente rector.
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Este miércoles también tuvo lugar una comparecencia de altos representantes de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en la que expusieron múltiples interrogantes sobre los estándares considerados en dicho reglamento que podrían afectar la competitividad y la neutralidad tecnológica, de acuerdo con las apreciaciones de los jerarcas del órgano regulador.
