Vergonzosa ineficacia
¿Por qué no se tomaron medidas a tiempo para no volver a caer en esta incapacidad del gobierno de realizar expropiaciones oportunamente?
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Costa Rica evidencia una ineficacia tan sorprendente en materia de obras por concesión que no puede comprenderse.
Ayer, en el inicio de la investigación legislativa que busca saber por qué la carretera a Caldera presentó serios problemas a pocas semanas de abierta, comenzó lo que probablemente será una maraña de argumentaciones encontradas mediante las cuales todos los involucrados aducirán tener la razón. Se relacionan principalmente con hechos ocurridos durante la administración Arias.
Sin embargo, hay algo importante que ya está claro, puesto que la propia gerente del plan vial lo reconoce: el atraso del Estado en hacer las necesarias expropiaciones.
¿Cómo puede entenderse que se firme un contrato de concesión para la realización de una carretera sin contar antes con los terrenos expropiados y medidas implementadas para vigilar que nadie los invada?
¿Cómo puede entenderse que si ya en 2005 hubo que pagarle $7,2 millones a Alterra Partners porque un tribunal condenó a ello al Consejo Técnico de Aviación Civil por no cumplir con su obligación de expropiar terrenos para la construcción de una nueva pista de rodaje, no se hiciera nada desde entonces para cambiar las leyes o lo que fuera que impediría cumplir con futuras expropiaciones a tiempo?
Hoy estamos ante el mismo problema, cinco años después, solo que esta vez las expropiaciones son para la ampliación de la vía a Caldera. Por eso es que surge la pregunta: ¿Por qué no se tomaron medidas a tiempo para no volver a caer en esta incapacidad del gobierno de realizar expropiaciones oportunamente? ¿Por qué no se modificó antes la ley y se asignó el financiamiento necesario?
En la administración Arias, la ministra del ramo, Karla González, no podía alegar desconocimiento o inexperiencia puesto que había desempeñado el cargo de viceministra de Transportes en la anterior administración. No obstante, nada se hizo por eliminar los problemas que impiden a los gobiernos expropiar a tiempo. Al contrario, se adquirieron nuevos compromisos sabiendo de antemano que, muy probablemente, se enfrentarían retrasos en las expropiaciones.
Puede que se aclaren muchos otros problemas durante la investigación que hace el Congreso ahora, pero al menos una cosa tenemos ya en claro. Hemos tenido gobiernos capaces de firmar contratos de concesión a sabiendas de que, por su parte, habría al menos un requisito que probablemente no podrían cumplir a tiempo: las expropiaciones.
