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Gobierno colombiano plantea reformar ente de inteligencia
Uribe niega su culpa en espionaje

Presidente se declaró “profundamente dolido” y calificó a los autores de las grabaciones ilegales de “banda mafiosa”

Bogotá
EFE

El Gobierno de Colombia negó ayer haber ordenado el espionaje telefónico a numerosas personalidades por parte del organismo de inteligencia estatal y planteó una reforma de esa institución por considerar que el escándalo pone en peligro la seguridad del Estado.
Álvaro Uribe, presidente colombiano, dijo que él no ordenó las las escuchas desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como se conoce al ente de inteligencia, y agregó que él mismo se siente “víctima de esta infamia”.
En un comunicado enviado exclusivamente a la emisora RCN, Uribe expresó su indignación después de que la revista Semana publicara el pasado sábado que desde el DAS se grababan conversaciones telefónicas a políticos, periodistas, juristas, militares y funcionarios.
En consecuencia, el Gobierno autorizó a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que investigaran lo ocurrido, lo que llevó al registro de las oficinas del DAS, organismo creado hace más de 50 años y que depende directamente de la Presidencia. A causa del escándalo, el subdirector de Contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, dimitió ayer tras ocupar el cargo durante más de tres años y llevar a cabo diferentes tareas en el servicio de inteligencia en los últimos doce años.
Uribe se declaró “profundamente dolido” y calificó a los autores de las grabaciones ilegales de “banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio Gobierno”.
“Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas. Soy un hombre leal que juega limpio con sus opositores y no les hace trampa”, expresó el jefe de Estado.
Aunque la denuncia sobre ese tipo de interceptaciones no es nueva, ya que ha habido episodios similares en los últimos tres años, esta vez sorprendió que entre los teléfonos pinchados estuvieran los de varios colaboradores del propio gobernante, incluido su jefe de seguridad.
Hace dos años se supo que la Policía espiaba las conversaciones telefónicas de varios ministros, de los delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de un obispo, funcionarios y periodistas en una lista de 37 personas.
Incluso se hizo pública una charla telefónica de Uribe cuando increpaba a un ex camarógrafo de la Presidencia por presuntos nexos con mafiosos.
Según la revista Semana, entre las personalidades interceptadas ahora se encuentran el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno; el director de la Policía, general Óscar Naranjo; y el encargado de la seguridad de Uribe, general Flavio Buitrago.
También el ex presidente del Senado y posible candidato a la jefatura del Estado Germán Vargas Lleras, antiguo aliado de Uribe; el ex mandatario César Gaviria (1990-94) y el ex titular de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, quien ha mantenido fuertes discrepancias con el gobernante.
Asimismo, los periodistas Julio Sánchez Cristo, de W Radio; Darío Arizmendi, de Caracol Radio; y Daniel Coronell, del informativo de televisión Noticias Uno; el senador Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Alternativo; y el abogado y columnista Ramiro Bejarano, uno de los mayores críticos de Uribe.
El ministro de Defensa advirtió que “hay un grupo de gente criminal incrustada dentro del DAS” y subrayó que “eso para la seguridad nacional es muy grave”.
“Creo que eso viene de tiempo atrás, que están haciendo el juego sucio a mucha gente, incluyendo gente que está al servicio del narcotráfico. No me cabe la menor duda que también con la guerrilla, con todos los enemigos del Estado”, dijo Santos.
En tanto, Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia y otro de los interceptados, declaró que el DAS “necesita una cirugía muy de fondo”.
Fabio Valencia Cossio, ministro del Interior y Justicia, aseguró, a su vez, que urge “saber quién está detrás, quién estaba interesado en ese tipo de grabaciones”.

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