Una nueva Constitución

Una nueva Constitución

Actualmente en la corriente legislativa, específicamente en el Plenario, se encuentran aproximadamente 40 expedientes con proyectos de ley que pretenden reformar o adicionar unos 50 artículos de los 190 y resto que actualmente le dan cuerpo a la Ley fundamental de nuestro país.

La Constitución Política de Costa Rica ya va a cumplir 62 años y aunque la edad de un instrumento como este no es necesariamente determinante para afirmar que este sea bueno o malo, la cosa es que si en el escenario legislativo hay tantos proyectos haciendo fila para reformarla, eso es al menos un indicio de que ya se hace necesario tomarse en serio la opción de que la sociedad costarricense se dé una nueva Carta Magna.

Reformar o adicionar 50 artículos del texto actual, sin contar con que desde su nacimiento ya ha sido reformado unas 16 veces y las reformas o adiciones que en los próximos años posiblemente vendrán a sumar esa ya larga lista, no tiene mayor sentido si tenemos la posibilidad de hacernos de una Constitución acorde con nuestras necesidades actuales, mirando al futuro y ciertamente tomado como parámetro el camino recorrido por la nación, para aprovechar lo bueno y descartar lo malo, diferenciar con atino entre lo positivo rescatable y lo negativo desechable de nuestra historia de los últimos 60 años y plasmarlo en un nuevo texto fundamental.

La Constitución nacional que nos rige hoy es de corte liberal, sus principios fundamentales se remontan al periodo de consolidación liberal de Tomás Guardia, enriquecida con muchos elementos de solidaridad social a partir de los años 40, pero desafortunadamente, con un débil sistema presidencialista que ha sido deficiente en cuanto a gobernabilidad se trata.

Para nadie es un secreto la existencia de una maraña de leyes y reglamentos, de controles excesivos que dificultan el accionar de la administración pública con la consecuente pérdida de valioso tiempo, pérdida de recursos y ausencia de confianza en las estructuras administrativas, las que por el contrario, son las llamadas a facilitar la tramitomanía, impulsar la creatividad y la productividad que generan el desarrollo, el progreso y el bienestar general de la sociedad.

Algunos respetables políticos y juristas de nuestro país ya han abogado en años anteriores por una reforma total, consideran que ya la Constitución cumplió su ciclo y que las circunstancias actuales a nivel nacional, regional y mundial nos empujan hacia una actualización de la norma básica que nos rige.

Ciertamente ya no somos la misma sociedad de finales de los años cuarenta, nuestra economía es totalmente diferente a la de aquellos años; vivimos otras realidades en materia de seguridad, en materia de infraestructura, y en general el desarrollo del país pide a gritos que nos adecuemos a la velocidad de las comunicaciones y de los avances tecnológicos, frenados o retardados hoy día por normas que en vez de “normar” y ordenar, se han convertido en un lastre para las aspiraciones nacionales.

Johnny Sáurez Sandi