Un anuncio al aire

Después de las declaraciones que diera la presidenta Laura Chinchilla en cadena nacional de televisión el pasado 13 de julio, puede que muchos costarricenses hasta hayan quedado un poco más tranquilos creyendo que en realidad el gobierno pagaría algo de todo lo que le adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social.

La realidad en ese sentido es la que revela este medio en una nota del viernes anterior: la transferencia de ¢85 mil millones que el gobierno haría para pagar parte de lo que le adeuda a la Caja no es una realidad, puesto que está sujeta a la aprobación, en la Asamblea Legislativa, de un plan fiscal que, por sus características, no cuenta con la voluntad de la mayoría de diputados como para pensar que será aprobado.

Así las cosas, el gobierno pareciera que no hará nada para cumplir con lo que le adeuda a la Caja, a pesar de ser el principal responsable de la crisis de la institución.

Dicha responsabilidad es en dos sentidos. Uno, el haber dejado de pagarle a la Caja las cuotas patronales y del Estado que le corresponden, situación que la Presidenta conocía, como es lógico, desde antes de asumir el cargo. Dos, la responsabilidad que se deriva de no haber llamado a cuentas a los jerarcas de la Caja, oportunamente (al menos en la administración anterior y la presente) para exigirles el cumplimiento de sus deberes antes de que la institución entrara en la seria crisis en la que se debate hoy.

Son, las anteriores responsabilidades, algo que no pueden eludir las autoridades. Se trata del dinero y la salud de los costarricenses honestos y trabajadores de este país.

Pero tampoco cumplen las autoridades con su deber de cobrar, por la vía que fuere necesario, los dineros que la empresa privada le adeuda a la Caja.

¿Cuál es el interés que se esconde detrás de semejante incumplimiento?

Solo existe un camino para enmendar la cadena de errores: el pago incondicional de lo que corresponde (Estado y privados).

Por otra parte, la otra tarea ineludible es corregir todas las fallas de administración de sobra enumeradas por este medio en artículos y en este mismo espacio.

Para ello debe darse un serio debate político en la Asamblea, con participación de la sociedad civil representada por personas de probada capacidad técnica y ética, como también lo hemos dicho, para que se exija el rendimiento de cuentas, el adecuado ejercicio de la función pública.

Está muy claro que el problema no es el sistema, sino el incumplimiento de los gobernantes.

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