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A pocos meses de que se dé a conocer el presupuesto para el 2027, ya empiezan a sonar los tambores de guerra desde varias instituciones públicas.
El Poder Judicial, la Contraloría General y las universidades públicas ya han manifestado su disconformidad con los planes del gobierno de Laura Fernández de recortar el gasto público. En el peor de los casos, el recorte podría derivar en un movimiento de protesta que aglutine a la oposición.
El debate sobre el plan de gastos del otro año calentará en septiembre con la presentación del presupuesto y sería un dolor de cabeza para la mandataria.
Y es que, el pasado miércoles 24 de junio, Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia, advirtió que “todo el Estado se amarrará la faja”.
Esto, ante la reducción en los ingresos y el crecimiento del gasto público.
“Se acabó la alcahuetería, la faja nos la vamos a amarrar todos los que trabajamos en el Estado costarricense, el Estado costarricense, no el gobierno, no el Ministerio de Transportes, no el Ministerio de Agricultura, sino todas las instituciones del Estado, el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo”, dijo Chaves.
En ese sentido, el jerarca de Hacienda dejó claro que los recortes no son optativos, sino una obligación para todo el Estado.
Al cierre del primer trimestre, los ingresos totales experimentaron una disminución de 0,2% del PIB de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025.
En términos nominales, alcanzaron ¢1.959.163 millones, lo que representó una baja acumulada neta de ¢70.855 millones en comparación con el mismo periodo de 2025.
En ese sentido, la Contraloría advirtió que la petición del gobierno para reducir el gasto llevaría a la institución a un “cierre técnico”.
Y es que Hacienda solicitó una rebaja de ¢1.055 millones en la propuesta presupuestaria de 2027, mientras que Marta Acosta, contralora general, indicó que la institución solo identificó ¢100 millones que podría recortar.
“Un recorte del 5% llevaría, en la práctica, a un cierre técnico de la institución. Mientras el universo de entidades y recursos sujetos a fiscalización se ha expandido significativamente, los fondos asignados a este órgano se han mantenido prácticamente estáticos”, dijo Acosta.
Por su parte, la Corte Plena rechazó la propuesta de rebajo de ¢26 mil millones que propuso el Poder Ejecutivo, debido al impacto que tendría en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, además del acceso a la justicia, los programas para disminuir el rezago judicial y la atención de las víctimas.
“Con relación a la solicitud de rebajo de ¢26.549 millones al anteproyecto del presupuesto para el año 2027, la Corte, por mayoría, acordó rechazar el reajuste por el impacto que tendría (…) El Poder Judicial reitera que los recursos asignados a la administración de justicia son fundamentales para garantizar la atención de la ciudadanía, la protección de los derechos de las personas y la continuidad de las acciones que han permitido desarticular organizaciones criminales, llevar casos ante los tribunales y obtener condenas contra líderes de estructuras delictivas”, dijo el Poder Judicial.
Este lunes se dio a conocer un informe de la Corte, en donde se señala que para recortar el presupuesto del Poder Judicial se requieren 38 votos en el plenario, ya que afecta el funcionamiento de ese poder de la República.
En este caso, el gobierno de Fernández no podría hacer el recorte propuesto porque la bancada oficialista de Pueblo Soberano solo tiene 31 votos, mientras que la oposición ha cerrado filas a favor de gastar más dinero en seguridad.
En cuanto al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), el gobierno de Fernández ya condicionó un alza a que las universidades estén de acuerdo en hacer una redistribución de los recursos, de tal manera que la UCR y la UNA reciban menos dinero para favorecer a la UNED, la Universidad Técnica y el TEC.
El condicionamiento es rechazado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Para 2026, las universidades públicas se repartieron más de ¢593 mil millones.
“Queremos que el Tecnológico, que la UNED y la UTN, que dan carreras importantísimas en Puntarenas, en la Zona Norte y en Cartago, entre otros lugares, reciban más dinero en función de la altísima demanda del mercado laboral para sus carreras (…) Esa repartición no la define don Rodrigo, ni la defino yo, la deciden entre ellos. Pero les voy a hablar con la transparencia que a mí me caracteriza. Mire, a mí me duele ver que peleo más yo por la plata para el Tecnológico, para la UTN y para la UNED que los rectores de esas universidades. Parece que se le hincan a la UCR y a la UNA, cuando toda la educación tiene que ser tratada con equidad, con igualdad”, sostuvo Fernández.
En ese sentido, la mandataria dijo que espera “una distribución a conciencia y que aumenten las becas, que aumenten los cupos, que aumenten la matrícula”, especialmente en las regiones periféricas donde hay tanta necesidad de formar talento humano.
