Trotando mundos

Hemos sido partícipes de que nuestro país sea un líder en materia ambiental. Más aún, objetamos la cacería y la pesca deportiva y sólo le atribuimos mérito a estas actividades cuando se hacen estrictamente para alimentación. Pero no podemos, tras el escudo ambiental, cohonestar atropellos. Ya en el pasado el país se demeritó con unas expropiaciones motivadas, sí hemos de creer en lo que dijeron los políticos de entonces, por el deseo de crear o aumentar los parques nacionales.

La situación de injusticia que se le planteó a los propietarios al no indemnizarlos antes de expropiarlos —como lo manda claramente la Constitución Política— y además limitarles el ejercicio de sus derechos, incluso puso en peligro las unilaterales y graciosas concesiones de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (que por unilaterales nos las pueden cancelar en cualquier momento).

Tras años de atropellos, esas vergonzosas situaciones se fueron resolviendo, no como debió ser, pero al menos lo suficientemente como para rescatar la justicia. Pero ahora vuelven a renacer esas vejaciones apoyándose en la fuerza de quienes se sienten autorizados a violar los derechos de los individuos por un bien mayor (suena a matón jurídico). En la zona entre Tamarindo y Ventanas, una ley para la protección de las baulas da facultades al Estado para expropiar a muchas personas, no obstante aclarando que mientras no los expropien “…gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio”. Sin embargo, sin más ni más ya les están parando a los dueños todo derecho a dar mantenimiento a sus propiedades en vista de una futura expropiación que se va a dar suponemos que cuando haya dinero o la voluntad de procesar el asunto jurídicamente.

A esto agreguémosle que ya se nos anunció en la prensa que alguien se había encontrado un vejestorio de ley, de la que nadie se acordaba que existía, y con base en ésta algunas autoridades se aprestan a dar rienda suelta a otra serie de expropiaciones que sólo acrecentarán el desprestigio jurídico del país y la injusticia. Es la destrucción gradual y bien planificada de un sistema democrático de propiedad que ha beneficiado a nuestro país por muchas generaciones, dándole sustento a una gran sociedad propietaria que no existe en otros países de la América Latina.

Volviendo al caso de las baulas, es propio aclarar que se gestó en la administración anterior, pero a la ley eso no le interesa y lo cierto es que la ley obliga a todos los gobiernos por igual. Sí esto no se puede parar, lo que sí se debe detener es la intransigencia de las autoridades negándole sus derechos a los propietarios, quienes no son culpables de que la expropiación no se dé con suficiente velocidad y eficiencia ó que las improvisadas ideas no vengan acompañadas de un plan serio de compensación.

En otro contexto, cerramos transcribiendo un atinado comentario de don Mario Leyton, muy apropiado para describir la barbarie legislativa que un partido minoritario, apoyado por un diputado no pensante, está patrocinando:

“Mientras tanto el tiempo, implacable, sigue su marcha sin que la Agenda de Implementación del TLC (unos 12 proyectos de ley) avance ni un milímetro; todo lo contrario, esta semana los diputados del PAC trataron sin éxito de paralizar por completo la tramitación del Proyecto de apertura del mercado de los seguros (parte de esa Agenda) ya que consideran que mientras no se resuelva el Referéndum, estos proyectos deben “congelarse”, aunque algunos le habíamos entendido a don Ottón lo contrario.

Definitivamente esta semana legislativa ha hecho que a este comentario le sobre espacio en blanco, debido a esta especie de artritis parlamentaria”.

Es necesaria una mayor responsabilidad legislativa.