Tributos y seguridad ciudadana

Tributos y seguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana es un problema ligado al desarrollo, mientras que la capacidad de intervención del Estado y su eficiencia es proporcional a la carga tributaria. En Guatemala, por ejemplo, la recaudación ronda el 10% del PIB; en los países nórdicos, el 60%; en Alemania, el 40%; en Estados Unidos el 33% y en Costa Rica, el 13,5% (más los aportes a la CCSS). No es difícil adivinar cuáles países son más efectivos.

La inversión pública, las oportunidades de estudio y empleo son mecanismos necesarios para contar con un país seguro; son herramientas que coadyuvan en la lucha contra la inseguridad. Si la prevención depende de los recursos con los que cuenta el Estado, debemos entonces hacer un esfuerzo en esta línea, máxime ahora que se está discutiendo un paquete tributario en la Asamblea Legislativa.

En el PAC abogamos por una carga tributaria más progresiva y que genere nuevos recursos para enfrentar flagelos como la inseguridad. Estoy convencida de que las actuaciones a posteriori no necesariamente nos van a proveer de un país más seguro.

Recientemente, en una exposición sobre la inseguridad en los países centroamericanos y la búsqueda de mecanismos para combatirla, el exfiscal general Francisco Dall’Anese nos conminó a plantearnos un par de preguntas: ¿Queremos evitar que nos maten? o ¿queremos que metan a la cárcel a los asesinos?

En lo personal, prefiero que se eviten más muertes. La política de mano dura no reduce la criminalidad. La amenaza de castigo, el aumento de las penas o la tipificación de nuevos delitos no disminuirán la violencia, para ello debemos contar con una sólida política económica y laboral, y un adecuado sistema de cobro de impuestos que genere recursos para ser invertidos en políticas sociales.

La experiencia dice que las penas altas no resuelven el problema de fondo. La eficiente recaudación fiscal es la que da sostenibilidad a la inversión social y los programas de prevención. Señalaba Dall’Anese que los estados más pequeños son más vulnerables, hay más crimen, especialmente, crimen organizado, puesto que los espacios abandonados por el Estado son tomados por estos grupos.

Seguir promoviendo políticas de reducción estatal y de mano dura es un error. Más bien debemos tener un Estado robusto que garantice la seguridad de la población, promoviendo políticas sociales de generación de empleo, salud y mejor educación.

La recaudación de impuestos y el gasto eficiente son herramientas efectivas para luchar contra la inseguridad. Para financiar programas sociales y de competitividad se requieren impuestos directos. Debemos garantizarle a la ciudadanía que sus tributos serán utilizados de forma responsable. Una equitativa distribución de la riqueza redundará en una sociedad más justa y más segura.

La seguridad es un bien público y el Estado debe proveerla. Si no corregimos las dificultades para recaudar adecuadamente los impuestos, el resultado será un Estado endeble, incapaz de proteger su territorio y su población, sin embargo, el problema no se limita al cobro de tributos. Para luchar contra la inseguridad se requiere, además, coordinación entre los poderes del Estado, independientes y conscientes de las fronteras de sus competencias.

Tanto la política criminal, responsabilidad de la Asamblea Legislativa, como las políticas preventivas, resorte del Ejecutivo y las políticas de persecución, competencia del Ministerio Público, requieren recursos, particularmente, la gestión de la Fiscalía y del Gobierno de la República. La inyección de recursos es vital para ofrecer respuestas oportunas y es, en definitiva, uno de los ejes de la discusión nacional que nos convoca.

Si la inseguridad es consecuencia de problemas sociales endémicos, la solución debe ser integral, en pos de encontrar la ruta hacia el desarrollo, pues “la seguridad ciudadana es pilar fundamental para la convivencia pacífica y construcción del tejido social, mientras que la inseguridad es un obstáculo para el desarrollo humano”. Lo anterior implica una verdadera reforma tributaria.

María Jeannette Ruiz Delgado

mjruiz@asamblea.go.cr