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Traslado de las Cargas Parafiscales de los Bancos al Ministerio de Hacienda

Deyver Mena Mata deyver.mena@cr.gt.com | Viernes 09 octubre, 2020


Persona en el banco


Una de las propuestas planteadas por el Gobierno para superar el impacto fiscal de la pandemia que sería negociada con el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), consiste en establecer acciones legales para trasladar las cargas parafiscales que pagan los Bancos del Estado a ciertas instituciones, para que se redireccionen a la caja única del Estado a través del Ministerio de Hacienda, las cuales ascienden a una suma aproximada a los ₵22.500 millones por año, según estimaciones del propio gobierno para los últimos 5 años.

Actualmente existen varias leyes especiales que obligan a los Bancos del Estado a entregar una parte de sus utilidades como aportes parafiscales a diferentes instituciones, dentro de las cuales figuran el Consejo Nacional de Préstamos para la Educación ( CONAPE), el Instituto de Fomento Cooperativo ( INFOCOOP), el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la CCSS, la Comisión Nacional de Emergencias ( C.N.E.), el Fideicomiso Nacional de Desarrollo ( FINADE) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión ( SINART).

Todos estos aportes, se denominan como cargas parafiscales, en función del destino específico que se le debe dar a estos recursos, ya que no ingresan a la caja única del Estado; sino que dotan de ingresos en forma directa a las instituciones públicas beneficiarias, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de cada institución.

Tales aportes parafiscales no son aceptados como gastos deducibles del Impuesto a las Utilidades de los Bancos que hacen estos aportes, a excepción de la contribución al Consejo Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), que sí genera un efecto fiscal de gasto deducible en sus estados financieros para efectos del cálculo del impuesto a las utilidades, incluyendo para este último caso a los bancos privados que para estos efectos solo hacen la aportación parafiscal a CONAPE y no así para el resto de instituciones estatales, como sí lo hacen los Bancos Públicos.

Lo que el Gobierno pretende hacer con estas contribuciones parafiscales de los Bancos de Estado, es promover una reforma a las leyes que dieron sustento a estas aportaciones, para que el dinero no se gire directamente a cada destino específico de la institución beneficiada; sino que sea el Estado, el que a través de su caja única, reciba directamente estos fondos para ser utilizados de manera centralizada como parte del presupuesto de ingresos totales del gobierno.

Según la propuesta que se plantearía al F.M.I., la única contribución parafiscal que no tendría modificación alguna en este sentido, sería la carga parafiscal destinada al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, pero todas las demás aportaciones parafiscales se verían modificadas por una nueva ley, que en principio establecerá una nueva forma de cálculo de estas cargas parafiscales, pues en algunos casos los aportes se pagan antes de impuestos, pero en otros, se calculan luego de pagar impuestos, y además los porcentajes de aportes varían entre una institución y otra, los cuales rondan entre un 3% y un 10% de las utilidades netas de los Bancos del estado.

De acuerdo con el planteamiento del gobierno, las necesidades específicas que tienen cada una de estas instituciones, el Estado las puede mantener con recursos provenientes de la distribución de las utilidades de los bancos, pero en una forma centralizada y manteniendo “mayores controles presupuestarios”, facilitando, de esta forma la toma de decisiones para definir el uso de esos recursos, y para rendir cuentas a la ciudadanía sobre la forma en estos se utilizan.

Si bien es cierto, para los Bancos del Estado esta medida no representa una nueva carga en sus finanzas, debido a que esos aportes que hoy hacen solo cambiarán de destinatario; para las instituciones que actualmente reciben esos recursos sí representará un cambio importante, pues con esta medida será el gobierno el que deberá incluir dentro de su presupuesto ordinario, el monto con que debe financiar a estas instituciones sin considerar ya esas aportaciones parafiscales.

Todo esto tendría sentido en la medida que el Gobierno efectivamente haga un uso adecuado de sus recursos, invirtiéndolos en acciones que fomenten la reactivación de la económica y el aumento del empleo, que son dos de las variables que más se echan de menos en estos momentos tan difíciles, pero sobre todo que no solo se tomen acciones dirigidas a cargar con más impuestos a la clase trabajadora y empresarial; sino que antes deben darse muestras de que las medidas de contención del gasto se hagan efectivas, pues de nada sirve centralizar la administración de los recursos en la caja única del Estado, si tenemos que seguir soportando la ineficiencia de un aparato estatal, que es quizás, la principal área de donde todos los costarricenses esperamos acción del gobierno y de la que notamos menos propuestas concretas para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Que primero se reduzca el gasto del gobierno y se propongan cambios estructurales al aparato estatal y después se piense en cargar más impuestos a los costarricenses.


Lic. Deyver Mena Mata M.B.A.

Socio de Impuestos y Legal

Grant Thornton Costa Rica








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