Transparencia debe abarcar también a la Corte y no solo a diputados, según jefa del PUSC

Un día después de que la Sala Constitucional declarara ilegales las votaciones secretas en la Asamblea Legislativa, la diputada María Inés Solís, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), apunta a fomentar una mayor transparencia en el Poder Judicial.

Publicar en medios digitales la agenda diaria de los magistrados, así como elaborar un registro público del lobbistas y establecer sanciones económicas a quienes incumplan con las obligaciones, son algunas de las propuestas que hace la legisladora.

Lea más: Lobby de empresas, sindicatos y otros grupos ante Congreso e instituciones estatales sería público

La demanda de Solís se da porque la Corte ha refutado las propuestas, al mismo tiempo que obliga a los congresistas a ser más transparentes en sus actos.

“La ciudadanía merece conocer a qué influencias son sometidas también las decisiones del Poder Judicial. Lejos de cuestionar el tema de las sanciones, yo esperaría que la Corte se sume a este esfuerzo por transparentar los procesos de toma de decisiones en todos los niveles y Poderes del Estados. Ahora que la Sala IV transparenta la acción del Congreso, es un buen momento para hablar de ello en la Corte”, manifestó la legisladora.

Lea más: Procuraduría de la Ética pide investigar viaje de diputado

En ese sentido, los magistrados, “como operadores del Derecho, no pueden estar por encima de la ley”, agregó la diputada.

A mediados de año, la bancada del PUSC anunció que no votaría ninguna reelección de magistrados en lo que queda de esta administración, ya que según ellos, es necesario ventilar el Poder Judicial con nuevos pensamientos.

Solo en el caso de la Sala Constitucional, esta Asamblea decidirá sobre cuatro nombramientos.

Este miércoles, la Sala IV declaró ilegales varios artículos del Reglamento de la Asamblea Legislativa que permitían votaciones secretas.

Resguardar los principios de transparencia y publicidad de las sesiones legislativas en defensa de la ciudadanía es el argumento expuesto por los magistrados para tomar esa decisión.

Por ende, los nombres de los integrantes de la Comisión de Honores y el otorgamiento de premios deben ser públicos; igualmente, debe ser pública la votación sobre los casos de acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de censura y compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones.

Mientras tanto, la bancada del Partido Acción Ciudadana celebró la eliminación de varios artículos del reglamento legislativo y reiteró la necesidad de hacer más transparentes las decisiones de toda la administración pública.

“Nos complace esta decisión ya que hemos señalado de manera sistemática que todos estos procesos que realizamos en nuestras funciones como legisladores deben ser más transparentes. Nuestro convencimiento es apoyar toda acción de transparencia que fortalezca la democracia costarricense”, indicó Nielsen Pérez, jefa de fracción del PAC.