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Martes, 23 de abril de 2019



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Fiscalizar agenda de tomadores de decisión del Estado, pretende ley

Lobby de empresas, sindicatos y otros grupos ante Congreso e instituciones estatales sería público

Información estaría accesible para los ciudadanos en la página web de la Contraloría

Esteban Arrieta [email protected] | Sábado 13 abril, 2019

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El registro de lobistas se alimentará de la información que den en cada institución. Archivo/La República


Todos los funcionarios y autoridades de gobierno en posición de poder deberán hacer públicas sus agendas, de aprobarse un proyecto de ley que presentó la diputada María Inés Solís, del PUSC.

Se trata de hacer transparente el lobby de las empresas, sindicatos y otros grupos ante el Congreso y el resto de las instituciones del Estado.

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El registro de lobistas se alimentará de la información que den en cada institución.

El objetivo es mitigar el tráfico de influencias y la corrupción en el sector público.

La información estaría accesible para los ciudadanos en la página web de la Contraloría General de la República.

En caso de aprobarse la ley, los ciudadanos conocerán con quiénes se reúnen los diputados o jerarcas de instituciones y podrán suponer los intereses que representan las personas que soliciten audiencia.

Hoy es normal que representantes de cámaras empresariales, sindicatos de las universidades públicas y otros sectores pidan reuniones con diputados y otros jerarcas del sector público.

Los encuentros en sí no representan ninguna ilegalidad, pero sí es vital aclarar la gestión pública todo lo que se pueda, según Solís.

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“Nuestra propuesta de ley viene a darles a los ciudadanos lo que deseen de los funcionarios públicos: transparencia en los actos. Es muy normal que los ciudadanos acudan antes sus representantes para abogar por sus intereses; sin embargo, en los últimos años el “lobby” se ha satanizado y erróneamente se ha extendido su imagen como algo malo, cuando en realidad no lo es”, agregó la diputada.

La iniciativa establece una serie de sanciones que ascenderían hasta los ¢3,5 millones económicas contra los funcionarios o autoridades que incumplan sus obligaciones.

En cuanto a los lobistas, la normativa establece una responsabilidad penal para quien omita dar información veraz o actualizada.

La propuesta de la legisladora surge varias semanas después de que se diera a conocer que Jonathan Prendas, diputado de Nueva República, viajara a España acompañado por un empresario que fue asesor de Restauración Nacional en la campaña y que este supuestamente le pagó todos los gastos del periplo.

En relación con este tema, Prendas ha decidido no referirse, ya que la Procuraduría pidió a la Fiscalía investigar su accionar.



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