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Trabajadores de RCTV piden condena a Chávez


En mayo de 2007 la estación televisiva dejó de emitir en abierto cuando venció su última concesión por dos décadas

San José
EFE

Trabajadores del canal de televisión de Venezuela RCTV solicitaron ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una condena por hostigamiento y agresiones contra el Gobierno de Hugo Chávez que, por su parte, alegó que esa sentencia sería desestabilizadora para el país.
En una audiencia celebrada en la sede de la Corte, en San José de Costa Rica, los operadores del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV) Carlos Colmenares y Antonio Monroy describieron las agresiones por arma de fuego que sufrieron mientras realizaban su trabajo.
Colmenares denunció que, en la cobertura de un disturbio el 19 de agosto de 2005, recibió un disparo de un oficial de la policía y los perdigones le causaron heridas en el cuello, un brazo y una pierna.
El operador sufrió otro balazo en una pierna el 3 de marzo de 2004 de parte de una persona no identificada durante un disturbio.
Por su parte, Monroy fue herido de bala en una pierna durante una manifestación el 31 de julio de 2002, cuando cubría un juicio contra militares frente al Tribunal Supremo de Justicia.
En ambos casos, las víctimas aseguran que el Estado no se preocupó por investigar y sancionar a los responsables.
Carlos Ayala, uno de los abogados de las víctimas, comentó a Efe que “es un caso de 20 víctimas, entre periodistas, camarógrafos y trabajadores de RCTV, que entre 2002 y 2005 sufrieron más de 23 agresiones por las cuales el Estado debe ser declarado responsable, ya que fueron incitadas desde discursos públicos”.
Agregó que esas agresiones “no fueron sancionadas ni investigadas” y pidió a los jueces reparaciones económicas, así como que se garantice “la no repetición de hechos similares que hasta hoy se siguen presentando”.
El 27 de mayo de 2007, RCTV dejó de emitir en abierto cuando venció su última concesión por dos décadas, que no fue renovada por el Gobierno que preside Hugo Chávez, aunque volvió al aire casi dos meses después a través del sistema de pago o cable.
El otro abogado de las víctimas, Pedro Nikken, explicó que “en Venezuela el Estado ha sido muy intolerante con la crítica y ha atacado duramente a medios de comunicación independientes como RCTV”.
Enfatizó que los trabajadores de RCTV “fueron atacados por el solo hecho de pertenecer al canal” y añadió que la integridad y seguridad de los periodistas “deben ser preservadas, no importa para quién trabajen”.
Por su parte, el agente del Estado, Germán Saltrón, declaró a Efe que este juicio va a permitir que la Corte “se plantee la necesidad de juzgar a los medios de comunicación que en Venezuela han actuado irresponsablemente, de una manera antidemocrática, propiciando golpes de Estado y la desestabilización del país”.
“Un fallo a favor de los medios sería grave porque va a estimular a que ellos sigan desestabilizando, y hoy es Venezuela, mañana puede ser Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, puede ser cualquier otro país”, apuntó Saltrón.
Subrayó que, entre 2001 y 2005, en Venezuela se produjeron más de 2 mil manifestaciones y comentó que las tres heridas de bala denunciadas por los trabajadores de RCTV es un número “insignificante”.
“En Venezuela hay total libertad de expresión, respeta el Estado venezolano la libertad de expresión como ningún otro país”, afirmó Saltrón.
El Estado venezolano presentó como testigo al ministro de Comunicación y presidente del canal interestatal Telesur, Andrés Izarra, quien fue gerente de producción de RCTV entre 1999 y 2002.
Izarra denunció que los ejecutivos de RCTV ordenaron una cobertura de “cero chavismo” durante el golpe de Estado contra el presidente Chávez el 11 de abril de 2002, así como en los días previos y posteriores.
“Se cambió de una línea de balance de la información a una posición de militancia política” afirmó Izarra, quien enfatizó que ese canal “asumió una actitud abierta de incitación y apoyó las acciones de la oposición política que terminaron en el golpe de Estado”.
La denuncia por este caso fue elevada a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2007.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1979, es una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio.
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