"Tiene que haber un sistema de recaudación más ágil"

"Tiene que haber un sistema de recaudación más ágil"

El mercado de operadoras de pensiones busca facilidades y eficiencia para que haya más información disponible para el afiliado

Fabio Rosch

frosch@larepublica.net

Al cumplirse diez años de la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, siguen pendientes reformas y cambios normativos que mejorarían la eficiencia del sistema y permitirían un mejor manejo de recursos y fondos para beneficio de los afiliados.

Las operadoras de pensiones (OPC) han venido trabajando de manera exhaustiva en estos temas con la intención de generar algunos cambios normativos que permitan mejorar lo que la ley estableció, comentó Danilo Ugalde presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP).

En términos de normativas, ¿qué se podría hacer para que el sector estatal se beneficie aún más del mercado de las operadoras de pensiones?

Un primer cambio normativo debería estar orientado a posibilitarles a las instituciones públicas estructurar títulos con base en flujos de ingreso que puedan tener para que puedan ser adquiridos por las operadoras en el mercado bursátil.

Eso es un cambio importante para el país porque le permite, por ejemplo, a una municipalidad tener el dinero hoy para desarrollar obras durante todo el año y no hacerlo conforme van ingresando los recursos. Lo que se propone es una titularización de los flujos que van a ingresar a las municipalidades, cosa que también se podría hacer con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Recope y cualquier otra institución que tenga un flujo de ingresos medibles en el tiempo.

Se podrían titularizar los ingresos, por ejemplo, por el cobro de los impuestos trimestrales de una municipalidad, perfectamente podría estructurar ese flujo de años futuros para generar recursos inmediatos y poder después ir descontando o pagando esas obligaciones.

No es un proyecto novedoso porque así es como el ICE construyó algunas represas; una autorización legal que tiene la ley del Instituto es la misma base que hemos propuesto.

¿Qué otro cambio de ley se impulsaría?

Un tema que debemos revisar en cuanto a los cambios en la ley es si nosotros como país deberíamos pasar de un fondo de capitalización laboral (FCL) a un régimen de un seguro de desempleo. A los trabajadores costarricenses les lleva mínimo tres años mientras se discuten las prestaciones después de quedar cesantes, entonces es difícil tener un auxilio de cesantía que se entrega en tres años, y que se necesitaba en los primeros seis meses cuando se estaba cesante. Dada la “litigiosidad” que se está presentando en materia laboral nosotros creemos que el FCL sería un buen capital semilla para desarrollar un fondo de desempleo, si así lo consideran los trabajadores.

¿Qué entablaría el seguro de desempleo?

El seguro de desempleo establece que el trabajador reciba un porcentaje de su salario, que dependería de algunas condiciones como el número de hijos, siempre y cuando haya una comprobación de que el desempleado está buscando trabajo, presentando certificaciones de que está mandando su currículo e yendo a entrevistas y demás. Eso se haría por el tiempo mientras la persona esté sin empleo.

En Costa Rica las personas tardan un promedio de seis meses en ubicarse después de quedar cesantes para los niveles no profesionales, y para los profesionales es alrededor de un año, lo cual es una situación preocupante que se podría resolver a través del seguro de desempleo. Las operadoras de pensiones, por su experiencia acumulada y la supervisión que reciben serían un buen candidato como administradores de estos seguros.

En términos de recaudación, ¿qué preocupaciones tienen las operadoras?

Tiene que haber un sistema de recaudación más ágil en el que las personas no solo se sientan obligadas a contribuir sino que tengan más información y facilidades para hacer sus contribuciones. Y además revisar un poco el costo de recaudación, ya que en este momento las operadoras y el sistema en sí mismo paga un porcentaje bastante alto por la recaudación y esto es en prejuicio del afiliado. Si esos porcentajes se pudieran bajar un poco y se pudiera hacer más eficiente el sistema, los afiliados ganarían mucho y la misma CCSS mejoraría sus índices de recuperación, se disminuiría el tema de multas y de andar persiguiendo los evasores, que es lo más costoso que tiene el sistema de recaudación.

¿Cuál es el panorama normativo en los planes de beneficios?

Una reforma interesante planteada por la Superintendencia internamente en la parte normativa que regula a través del Conassif es en el reglamento de planes de beneficio. Lo que busca es establecer las condiciones mediante las cuales se les va a devolver el dinero a los trabajadores que se pensionen de 2010 en adelante. El sistema de pensiones complementarias se enmarca como seguridad social, por eso es que los dineros no son disponibles de forma abierta, además esos recursos tienen cierto fin, por ejemplo el fondo de capitalización laboral es únicamente para cuando el trabajador queda cesante o cuando se cumplen los cinco años y hay una devolución del fondo. Los fondos de pensiones complementarias solo se pueden utilizar para pensiones como complemento de la pensión del primer pilar.

¿Dónde más hay oportunidades de cambios de reglamentación?

La otra normativa que hace la Supen es un cambio al esquema de comisiones que establece que se pase de un esquema de comisiones sobre aportes y rendimientos a uno sobre saldo administrado, que es la suma de todas las cuentas que componen el fondo que administran las operadoras de pensiones. ACOP está revisando la propuesta para determinar cuán viable es, ya que se debe determinar cuál es el costo para el afiliado y cuál la posibilidad de negocio para las operadoras a partir de la propuesta de la Superintendencia.

¿Qué se espera para este año?

Para 2010 habrá una calma normativa porque mucho del trabajo de la Superintendencia se ha venido dando en años anteriores y no vislumbramos cambios radicales en las posibilidades de inversión, en variaciones en tasas, cambios o inflación que pudieran requerir ajustes en la normativa; entonces parece que será un ano relativamente tranquilo.