Urge que el Poder Ejecutivo haga un estudio de clasificación de puestos y salarios

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Sueldos y pensiones del Estado

El tema de pago de pensiones a jueces, magistrados, políticos y funcionarios de la alta burocracia en Costa Rica ha caldeado el entorno, porque el asunto de fondo es respecto a si son razonables o justificables y en muchos casos por qué son superiores a los del Presidente de la República quien es nuestro máximo líder.
En un mercado laboral competitivo, los salarios son proporcionales a la productividad o a la responsabilidad de los trabajadores y el primer dilema para evaluar los sueldos del sector público es lo difícil que resulta medir la productividad de la burocracia de cualquier nivel y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Segundo punto es que el sector público dista mucho de ser un mercado laboral competitivo. Una práctica común de las burocracias de todo el mundo es el padrinazgo o uso clientelar de las plazas: se contrata a los amigos, conocidos o parientes que apoyaron al candidato o al partido durante la campaña y no a quien tenga los mayores méritos, experiencia o capacidad.
Está claro que en este país nadie tendría objeción a los altos salarios de los burócratas si la eficiencia de nuestros servidores públicos fuera equiparable a la altura de sus percepciones salariales; en lugar de eso, hay reglas imperfectas: aumentos salariales atados a la antigüedad y no a la productividad, tabuladores rígidos y homogéneos, plazas inamovibles, etcétera, que impiden a los jefes premiar o castigar a sus subordinados de acuerdo a su desempeño.
Se escuchan rumores acerca de una iniciativa de ley encaminada a uniformar los salarios de los altos funcionarios públicos, específicamente la propuesta de ley marcaría, una política general de salarios para los empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado, pero principalmente la de algunas instituciones desconcentradas y descentralizadas, muchas de estas improductivas.
Costa Rica enfrenta un déficit fiscal que esta en crecimiento por la inacción del nuevo gobierno y es urgente que el Poder Ejecutivo realice un estudio de clasificación de puestos y salarios que comprenda no solo a los empleados y funcionarios del Ejecutivo, sino también de los órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas y de todos los cargos o nombramientos especiales de miembros de comisiones y otros.
El gobierno debe impulsar el tabulador salarial homologado por sectores de trabajadores que prestan sus servicios en la administración del estado para hacerle frente a la desigualdad en la diferencia de salarios que ha generado desigualdad, pobreza y debilidad económica.
Finalmente, el estado ofrece sueldos competitivos al personal altamente calificado, según las posibilidades presupuestales y la ley del Servicio Civil.
Sin embargo los sueldos y pensiones actuales no solo son excesivos y abusivos sino también desproporcionales en relación a los salarios del resto de funcionarios.

Luis Fernando Allen Forbes
Director Ejecutivo
Asociación Salvemos el Río Pacuare 
Lfaf05@yahoo.com