¿Somos tan igualitos?

Por mucho tiempo hemos postergado debatir sobre el tema de la desigualdad en Costa Rica y la toma de acciones urgentes para revertir los resultados del cambio de modelo de desarrollo, el cual fomenta la diferencia de los ingresos en nuestro país. Estudios recientes de la OCDE, para el caso de Costa Rica, evidencian que la política económica y social de un país tiene intrínsecamente implicaciones en el aumento o reducción de la desigualdad.

En los últimos 30 años, la tendencia es al aumento de la brecha de desigualdad en la distribución de los ingresos, aunque según el coeficiente de Gini, se ha mantenido constante en los últimos 3 años. Sin embargo, en promedio, el 10% de las personas más ricas en Costa Rica tiene un ingreso 25 veces más alto que el del 10% de personas más pobres.

El estudio económico de la OCDE utiliza una técnica estadística para desagregar el coeficiente de Gini por fuente de ingresos, e indagar cómo se compone esa desigualdad. Un análisis cuidadoso permite profundizar en las causas y dinámicas estructurales sin llegar a conclusiones equivocadas.

Una conclusión equivocada es afirmar que la raíz de la desigualdad está en los denominados pluses salariales del sector público. Tanto en el sector público como privado hay un contraste significativo en el aporte que hacen los salarios de personas trabajadoras calificadas, en comparación con las no calificadas, esto debido a las tasas de retornos de la educación, que son de las más altas en Latinoamérica. El citado estudio encuentra que los trabajadores con educación superior ganan, en promedio, casi cuatro veces más que los que solo tienen educación primaria y, aproximadamente, dos veces más que los que tienen educación secundaria. Este dato obliga a garantizar el acceso al sistema educativo, prevenir y erradicar la exclusión, así como asegurar la calidad de la educación.

Otra razón para las disparidades entre personas trabajadoras calificadas y no calificadas exista tiene que ver con el cumplimiento de derechos labores, principalmente el salario mínimo. El informe sobre el mercado de trabajo y políticas sociales de la OCDE señala que un cuarto de los trabajadores en el sector privado gana menos del salario mínimo, por lo que recomienda fortalecer los servicios de inspección laboral del Ministerio de Trabajo para garantizar empleos dignos y remuneraciones justas.

Por otra parte, vemos los ingresos obtenidos por los trabajadores por cuenta propia y empleadores, dentro de los cuales se observa una contribución relativa a la desigualdad entre los que cuentan con mayor escolaridad y los del sector servicios.

Las ayudas sociales, principalmente las pensiones del régimen no contributivo y los subsidios del IMAS, son las únicas fuentes de ingresos que reducen las disparidades por una distribución enfocada en los deciles más pobres. No obstante, el aporte relativo de las ayudas sociales sigue siendo bajo en comparación con otros países.

¿Y la política fiscal?

Casi un siglo después se mantiene vigente la visión del expresidente Alfredo González Flores: “Que cada uno contribuya en la medida de su capacidad económica y que crezca progresivamente la contribución para los más pudientes…”

La política fiscal es mucho más que hablar del déficit o del superávit y buscar ingresos para financiar la prestación de servicios públicos o la construcción de obra. Esta política debe tener una función redistributiva.

El estudio económico de la OCDE indica que la política fiscal en Costa Rica, y en general en los países latinoamericanos, tiene poca incidencia en la reducción de la desigualdad, mientras que los países desarrollados logran reducir la desigualdad por medio de impuestos y transferencias entre los hogares.

Cuando se toma en consideración la inversión social (educación, salud, nutrición y cuido infantil), se observa una reducción de la desigualdad en nuestro caso. Si se considera el valor monetario de estos servicios, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini es aproximadamente un 20% menor. Debemos concluir, entonces, que garantizar y fortalecer nuestro Estado Social nos otorga réditos importantes, no solo en las cifras, sino también en los niveles de bienestar de la población.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas provee algunos avances que aumentan la progresividad en la recaudación tributaria en Costa Rica, según un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, unida a medidas anteriores para reducir la evasión, tales como la factura electrónica y el registro de beneficiarios finales. No obstante, quedan pendientes otros elementos como los señalados en el marco de la investigación de los Panama Papers.

¿Hacia dónde vamos?

“Procurar el más adecuado reparto de la riqueza”, más que una obligación ética, es también un mandato constitucional. Desde el punto de vista económico, además, la desigualdad es ineficiente. 

Particular atención hay que prestar a nuestro modelo productivo, que después de la apertura comercial, generó una dualidad en el mercado de trabajo: una economía especializada y dinámica, por una parte, ofrece mejores remuneraciones a trabajadores técnicos y profesionales; mientras que otros sectores más intensivos en mano de obra no calificada ofrecen salarios o ganancias más bajos.

El reto no es pequeño, pero con el norte claro y tomando como base nuestro sistema democrático y nuestro contrato social, es posible revertir esa tendencia odiosa. Un modelo democrático que garantiza diálogos multisectoriales y un contrato social que da base a un modelo de Estado solidario que se refleja en el sistema de protección, salud y educación permitirán avanzar por una senda de mayor inclusión y cohesión social.

Francisco Delgado

Viceministro Desarrollo Humano e Inclusión Social