Si no pasa nada ¿Qué pasa?

Aunque paradójica, la situación de qué ocurre cuando no ocurre nada, es una de las alternativas por las que puede conducirse la solución de una situación concreta, en este caso, la viabilidad del cumplimiento de los compromisos de Costa Rica frente al FMI.

Ya cumplimos con el aprobar la norma marco de financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional, lo que dio origen al primer desembolso de fondos; pero aparte de ello, nos comprometimos con la entidad financiera con otros dos pilares: La ley de empleo público y la reforma fiscal.

Surgen preguntas sobre la viabilidad de lograr acuerdos de carácter urgente, no solo para cumplir ante el FMI – objetivo subyacente – sino para evitar que la debacle financiera y económica en la que estamos sumidos como país, llegue a un punto de no retorno.

Tenemos una Asamblea Legislativa que se quebranta como una galleta de soda, en pedazos, al más análogo modo de un rompecabezas de piezas cuyas características se parten y pintan en función de la recta final de una próxima elección nacional de poderes legislativo y ejecutivo en febrero próximo. Casi un 15% de los candidatos son actuales diputados.

Las dos leyes pendientes son de poca popularidad y a pesar del sentido de urgencia, cuentan con uno de imprudencia para quien quiere cultivar votos para las próximas elecciones. Es poco viable lograr un acuerdo nacional que, además de urgente, se haga con la profundidad y seriedad que el país requiere.

La ley de empleo público, cuyos efectos son indispensables, cuenta con el beneplácito y aplauso de la mayor parte de los que formamos el sector privado, pero es claramente impopular en la gran mayoría de los empleados públicos; todos ellos votantes en las elecciones venideras.

La reforma tributaria nos afecta a todos. En especial a quienes generamos riqueza y empleo. Eso es contrario a los intereses de los abundantes partidos - la mayor cantidad histórica hasta hoy vista – que compiten, además de por votos, por contribuciones del sector privado para financiar sus pretensiones de llegar a ser gobierno. La viabilidad de una reforma fiscal en estos momentos tiene contención en estas visiones de corto plazo.

Como país, lo deseable habría sido que este debate -que tiene mas de un año de haberse propuesto- se hubiese llevado a cabo antes del ya irreversible proceso electoral, donde Tirios y Troyanos pierden de vista que el tiempo es una cuenta regresiva de la que no podemos pedir a Cronos, que nos haga una rebaja.

La verdadera perspectiva del tiempo para resolver está vencida. ¡Se acabó el tiempo! Ya estamos viendo consecuencias de ello y de cómo se llega al otro lado de la orilla electoral. El tipo de cambio del colón costarricense está en franca picada, agravado por la condición estacional de importaciones incrementales propias de las fechas de fin de año.

Las tasas de interés de entidades financieras que prestan, cuando prestan en efecto, están en una situación de tilinte presión al alza; lo que desmejora el consumo y la inversión y hace más lenta la verdadera y ansiada recuperación de la economía.

Menos perceptibles al público general son los informes de las agencias de valoración de riesgo respecto a Costa Rica, así como la incidencia de estas valoraciones sobre los bonos – ahora casi basura – que estamos colocando en el mercado. Un motivo que encarece el costo de financiamiento de nuestras necesidades urgentes.

Siendo optimistas, el horizonte temporal no acaba con las elecciones, sino que, por las características de atomización partidaria, muestra de la desquebrajada condición de nuestro pacto social, tenemos que esperar a la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, que desgraciadamente será más dispersa en representantes que la actual, haciendo aún menos viable la consecución de acuerdos.

En el mejor de los escenarios estamos a nueve meses de llegar a aprobar las leyes mencionadas lo que nos deja el tanque de oxígeno vacío para maniobrar en el zigzagueante camino de las finanzas públicas.

¿Qué podemos esperar los agentes económicos que ocurra?

Una triste combinación de consecuencias que pueden llegar de manera abrupta o paulatina dependiendo de en qué medida se puedan posponer temas de gasto público, para que, aunque sea por administración del tiempo – y no por la solución real de las causas – simplemente aumentemos la oxigenación del herrumbrado tanque de oxígeno de nuestras finanzas públicas.

Vemos también un aumento en las acciones de fiscalización de los contribuyentes. No me cansaré de insistir, que es siempre sobre los mismos, pues la comodidad de seguir golpeando al ya golpeado, aunque carece de decencia, es cómodo a los señores de la Administración Tributaria; a quienes les da poca gana de ponerse serios con la informalidad que deteriora la economía en detrimento no solo del fisco, sino de la competencia y la competitividad.

El aumento en la presión de fiscalizaciones hace un llamado a los empresarios y emprendedores, profesionales liberales y todo agente económico que asume con seriedad su condición. Es hora de tomar acciones de prevención ante la intifada que plantea Tributación.

Recomendamos con urgencia tomar medidas prudenciales de valoración de sus riesgos. Esos que antes parecía que se materializarían de manera lejana y que hoy es como el jalón que hace quien se ahoga en las aguas turbulentas, que por salvarse ahoga a quien le socorre.

Por carente de sentido que suene, este es el último recurso que tiene la Administración Pública para mantener las prebendas que genera y aumenta la no aprobación de la ley de empleo público, así como la no aprobación de la reforma fiscal.

Es con ese soma con el que nos drogaremos en el escenario de un “Mundo Feliz” como el de Huxley, donde a la vez, entre menos conciencia de la gravedad tenga el ciudadano, más proclive es para que le tomen como víctima de esta guerra que se plantea en términos de una exigencia cada vez más canibalizaste de la Administración Tributaria.

Es en ese cuarto oscuro donde, a la vez, debemos recordar que en la economía los asuntos que no se logran arreglar en el derecho, propiciando legislación ágil, oportuna, simple, equitativa, llevan entonces a la desobediencia civil, así como a la debacle del descontrol de las variables macroeconómicas.

Tomar conciencia de la realidad, a pesar de lo dura que esta pueda ser, nos da mejores oportunidades de salir bien librados del embate que la Administración Tributaria lleva a cabo, como “cura silenciosa” del grave problema que plantea no hacer las cosas bien y en tiempo.

Esta “cura silenciosa” no deja de ser espuria… En realidad, lograr cobrar las pretensiones de las propuestas de regularización resultantes de los procesos de fiscalización inquisitoriales es un proceso lentísimo, aumentando la carga del litigio en costes adicionales para el contribuyente.

Se cae además en el falaz argumento de que el problema está en la defraudación de los formales cuando – sin eximir posibles casos de estos también – el problema más profundo está en la economía subterránea, que es consentida, conocida y tolerada por la misma Administración Tributaria.

El mensaje es equívoco. Parece que nos dan señales de salir de la formalidad con todas las cargas que esta conlleva, e irnos a la playa paradisiaca de la informalidad, donde parece que la tolerancia y la alcahuetería de los cómplices de actuar para controlar, es manifiesta y evidente.

Es tiempo de rescatar nuestro país con acciones valientes, históricas, generosas, solidarias y subsidiarias, donde cada uno ponga lo que puede y debe, dejando de lado el reloj electoral, que llegó porque todo plazo se cumple, haciendo lo que nuestros valientes antepasados hicieron para lograr la Costa Rica que todos anhelamos mantener; no dejándola sucumbir por el envilecimiento de los mezquinos intereses de unos pocos.