Seguro para los pequeños ahorrantes

Una de las principales funciones del sistema financiero es satisfacer las necesidades de ahorro de la gente, favorecer el consumo y la inversión, factores muy importantes para que los países logren su desarrollo y el crecimiento en favor del bienestar de su población.

La tarea de las entidades supervisoras es que haya estabilidad en el mercado para que los servicios financieros funcionen adecuadamente y así el sistema bancario pueda tener la capacidad de enfrentar los riesgos, aumentando de esta manera el nivel de confianza entre los diferentes actores del mercado.

Basados en esos principios, 38 diputados de diversas fracciones presentamos el proyecto de “Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución”, el cual promueve que las entidades bancarias –públicas y privadas- participen en la creación de un fondo para proteger los fondos de los ahorrantes en caso de la quiebra de algún intermediario financiero.

Este fondo protege especialmente a los pequeños ahorrantes, pues garantiza que su dinero será devuelto en caso de una crisis financiera. Al contar con esa seguridad, se mantiene la confianza en el sistema de intermediación financiera evitando de esta manera que la gente corra a los bancos para sacar su plata por temor a perderla o no poder usarla cuando se desee.

El denominado Fondo de Garantía cubre los depósitos hasta por un monto de seis millones de colones, con lo cual se protege al 96% de los depositantes en las entidades financieras. El proyecto plantea que ese dinero se gestione con tres compartimentos: por un lado los bancos estatales incluyendo el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por otro los bancos privados y empresas financieras no bancarias y uno más constituido por las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones solidaristas y Caja de Ande.

La garantía también reduce riesgos y contingencias fiscales, pues evita que el Banco Central y el gobierno se vean obligados a atender estas crisis asumiendo un alto costo fiscal, es decir, no tienen que pedir préstamos internacionales, emitir letras del tesoro o crear nuevos impuestos para conseguir el dinero necesario para cubrir las pérdidas.

Además se incluye la ampliación de la deuda subordinada, aquella que le permite a los bancos del Estado tener más opciones para su financiamiento, de acuerdo a la recomendación emitida por el Banco Central y Sugef.

El nuevo texto tiene como base el proyecto N° 21.655 que analiza la Comisión Especial OCDE, y se ajusta a los requerimientos exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos como parte del proceso de incorporación de nuestro país a ese organismo internacional.

El 14 de febrero del 2020 es el plazo otorgado por la OCDE para que el proyecto de Seguro de Depósitos sea ley de la República. Vamos por buen camino para lograr ese objetivo y para asegurar que Costa Rica se codee con los países que representan el 75% de la Inversión Extranjera Directa a nivel global y concentran al menos el 60% del comercio y del PIB mundial. 

Nuestro compromiso con el país es el camino hacia el desarrollo.

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República