Secreto bancario costarricense se mantiene invariable pese a acuerdos
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 08 marzo, 2010
Secreto bancario costarricense se mantiene invariable pese a acuerdos
La firma de tratados de intercambio de información y transparencia tributaria no generaría mayores cambios en la forma en que el país maneja el secreto de las transacciones en entidades financieras
Fabio Rosch
frosch@larepublica.net
Los requerimientos que exigen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Gobierno francés en referencia a la apertura de la transparencia tributaria y el secreto bancario no distan significativamente de los procesos legales que ya se implementan en el país.
En Costa Rica, al igual que en muchos países desarrollados, dejó de existir el secreto bancario absoluto. Las autoridades jurídicas pueden permitir el levantamiento de información confidencial con propósitos de investigaciones judiciales con una petición sustentada y aprobada por un juez.
En un reporte de progreso de la OCDE, se expuso que Costa Rica aún no había ejecutado completamente un acuerdo de transparencia internacional al que se había comprometido, con base en esto se publicó una lista negra de paraísos fiscales por parte del Gobierno francés.
“La presión que imponen las naciones desarrolladas es muy fuerte para flexibilizar o hasta eliminar el secreto bancario. La inclusión de Costa Rica en esas listas de paraísos fiscales es un ejemplo de esa vía. En realidad hasta países tan celosos de su privacidad y del secreto bancario como Suiza, han tenido que dar su brazo a torcer ante esas presiones”, comentó Manuel González, socio de Facio & Cañas.
La petición de la OCDE es que el país termine de implementar el estándar tributario internacionalmente aceptado al que se comprometió. Por su parte, el Gobierno de Francia espera que Costa Rica ejecute esa acción o que firme un contrato de intercambio de información tributaria.
La preocupación general es que estos requisitos vayan a perjudicar al inversionista o afectar su confidencialidad. Sin embargo, lo que establece el acuerdo son procedimientos más eficientes y ágiles para brindar esta información, siempre con la participación previa de una autoridad judicial.
Así el derecho a la intimidad de los ciudadanos siempre va a tener una tutela legal adecuada y razonable, explicó Mario Rivera, gerente del Banco de Costa Rica.
Además dentro del modelo de la OCDE el país se puede rehusar a proveer información si considera que se está exponiendo algún secreto de comercio, información protegida por privilegios cliente-abogado o en casos en que el intercambio de información atente contra políticas públicas.
Un ejemplo de este último caso sería si el país determinara que la investigación es motivada por persecución racial o política.
Una de las consecuencias de no firmar un tratado de intercambio de información con Francia es que el país europeo aplicaría medidas de sanción castigando con una carga tributaria de hasta un 50% las inversiones de empresas francesas en nuestro país.
“En realidad, la inversión que se recibe de inversionistas de Francia sigue siendo tímida y, en principio, sería relativamente modesto el impacto que tendría en la inversión de ese origen hacia Costa Rica”, agregó González
Sin embargo el hecho de que Francia dé un paso en esa dirección, puede incentivar a que otros países también incluyan a Costa Rica en esas listas u homologuen la lista que emita Francia. “Ese sería el inicio de una tendencia muy difícil de revertir”, concluyó.
La firma de tratados de intercambio de información y transparencia tributaria no generaría mayores cambios en la forma en que el país maneja el secreto de las transacciones en entidades financieras
Fabio Rosch
frosch@larepublica.net
Los requerimientos que exigen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Gobierno francés en referencia a la apertura de la transparencia tributaria y el secreto bancario no distan significativamente de los procesos legales que ya se implementan en el país. En Costa Rica, al igual que en muchos países desarrollados, dejó de existir el secreto bancario absoluto. Las autoridades jurídicas pueden permitir el levantamiento de información confidencial con propósitos de investigaciones judiciales con una petición sustentada y aprobada por un juez.
En un reporte de progreso de la OCDE, se expuso que Costa Rica aún no había ejecutado completamente un acuerdo de transparencia internacional al que se había comprometido, con base en esto se publicó una lista negra de paraísos fiscales por parte del Gobierno francés.
“La presión que imponen las naciones desarrolladas es muy fuerte para flexibilizar o hasta eliminar el secreto bancario. La inclusión de Costa Rica en esas listas de paraísos fiscales es un ejemplo de esa vía. En realidad hasta países tan celosos de su privacidad y del secreto bancario como Suiza, han tenido que dar su brazo a torcer ante esas presiones”, comentó Manuel González, socio de Facio & Cañas.
La petición de la OCDE es que el país termine de implementar el estándar tributario internacionalmente aceptado al que se comprometió. Por su parte, el Gobierno de Francia espera que Costa Rica ejecute esa acción o que firme un contrato de intercambio de información tributaria.
La preocupación general es que estos requisitos vayan a perjudicar al inversionista o afectar su confidencialidad. Sin embargo, lo que establece el acuerdo son procedimientos más eficientes y ágiles para brindar esta información, siempre con la participación previa de una autoridad judicial.
Así el derecho a la intimidad de los ciudadanos siempre va a tener una tutela legal adecuada y razonable, explicó Mario Rivera, gerente del Banco de Costa Rica.
Además dentro del modelo de la OCDE el país se puede rehusar a proveer información si considera que se está exponiendo algún secreto de comercio, información protegida por privilegios cliente-abogado o en casos en que el intercambio de información atente contra políticas públicas.
Un ejemplo de este último caso sería si el país determinara que la investigación es motivada por persecución racial o política.
Una de las consecuencias de no firmar un tratado de intercambio de información con Francia es que el país europeo aplicaría medidas de sanción castigando con una carga tributaria de hasta un 50% las inversiones de empresas francesas en nuestro país.
“En realidad, la inversión que se recibe de inversionistas de Francia sigue siendo tímida y, en principio, sería relativamente modesto el impacto que tendría en la inversión de ese origen hacia Costa Rica”, agregó González
Sin embargo el hecho de que Francia dé un paso en esa dirección, puede incentivar a que otros países también incluyan a Costa Rica en esas listas u homologuen la lista que emita Francia. “Ese sería el inicio de una tendencia muy difícil de revertir”, concluyó.