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Se necesita una demostración de capacidad para negociar, sin que se pierda el espíritu que rige nuestras universidades públicas desde su creación, ni se desestabilice de forma inconveniente el presupuesto nacional

Se impone un entendimiento

La divergencia que se ha presentado entre los rectores de las cuatro universidades estatales (de Costa Rica, Nacional, Estatal a Distancia y Tecnológico) y el gobierno, representado en este caso por Leonardo Garnier, ministro de Educación, es algo que debería resolverse mediante un diálogo inteligente y de altura que no debería romperse en ningún momento hasta dar con una solución adecuada.
Costa Rica tiene una gran necesidad de que las universidades públicas sigan formando ciudadanos en las diversas áreas del conocimiento humano y al más alto nivel. Estas llegan a todas las provincias del país con matrículas asequibles y otorgan becas a quienes demuestran aptitudes y actitud para estudiar pero carecen de recursos económicos.
Pero además, esas universidades son centros de investigación, de funcionamiento de laboratorios que brindan servicios al país y en general de diversas funciones que van más allá del aula.
Por otra parte, el país intenta apenas salir de la crisis económica, se enfrenta al hecho de tener que poner al día sectores importantes que fueron desatendidos y que cumplen un papel importante, junto a la educación, como seguridad, salud e infraestructura, entre otros. Todo demanda grandes porciones del presupuesto nacional.
Nada puede ser desatendido. Este es un momento en el cual, por habernos rezagado en asuntos de gran importancia, las prioridades son muchas.
Sin embargo, justamente por eso, porque de estas prioridades depende la buena marcha de la nación, es que ninguna diferencia debe convertirse en posiciones cerradas que generen bandos opuestos.
Por el contrario, lo que se necesita es una verdadera demostración de capacidad para negociar en beneficio de los costarricenses y del país en general, sin que se pierda el espíritu que rige nuestras universidades públicas desde su creación, ni se desestabilice de forma inconveniente el presupuesto nacional.
Tiene que caber la posibilidad de llegar a una fórmula que concilie las necesidades planteadas por las universidades con la realidad económica nacional. Quizás a un plan de austeridad en las universidades deba sumarse una mejor recaudación de tributos en el país para poder contar con los recursos económicos de una nación que sabe que la educación es la clave del progreso.
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