Se rechazan denuncias de violencia contra mujeres en 95% de casos

Nueve de cada diez denuncias de violencia contra las mujeres son desestimadas por los Tribunales de Justicia.

Solo el año pasado, el Ministerio Público tramitó 18.702 casos, sin embargo, solo se logró la sentencia en 1.002 ocasiones, es decir, únicamente en el 5% de las situaciones.

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El alto número de rechazo se debe a que muchas de las mujeres agredidas terminan por retirar los cargos, ya que pueden pasar diez o más meses entre la presentación de la denuncia y las indagaciones.

También, incide el miedo al agresor o incluso la dependencia económica de este, de acuerdo con Anna Hidalgo, coordinadora del área de violencia del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

Paralelamente, los fiscales del Ministerio Público no han sido proactivos a la hora de acusar -de acuerdo con Hidalgo-, ya que dan por terminado los procesos cuando las víctimas retiran los cargos, sin importar si pueden existir otras pruebas para lograr la condena, como serían los partes policiales de agresión, los registros médicos de la víctima o, incluso, el testimonio de terceras personas.

“Durante años, las denuncias de violencia contra las mujeres han sido considerados temas sin importancia en relación con otros casos penales como los de narcotráfico; sin embargo, con el cambio de la fiscalía y la llegada de Emilia Navas, eso va a cambiar”, agregó Hidalgo.

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El alto de volumen de desestimaciones hizo que el Poder Judicial creara una comisión de alto nivel para analizar esta situación.

En ese sentido, el Inamu no solo trabaja en crear consciencia sobre el tema, sino también en lograr que el Congreso apruebe un proyecto de ley que garantice, a todas las mujeres que presenten un reclamo de violencia ante los juzgados, el acceso a un defensor público.

Por otra parte, lo que se comprometió fue cambiar la visión del Ministerio Público con el objetivo de lograr más condenas, de acuerdo con Emilia Navas, fiscala general.

Ese sería el camino a seguir, puesto que el marco legal ya está aprobado, dijo Nielsen Pérez, congresista del PAC e integrante de la Comisión de la Mujer.

“Las mujeres requieren un mayor acompañamiento por parte del Estado, para que no dejen los juicios, mientras que los operadores judiciales deben ser más insistentes; sin embargo, en el Congreso estamos abiertos a ayudar en lo que corresponda; de hecho, vamos a iniciar una investigación para determinar lo que está pasando”, agregó Pérez.

La Ley de Penalización de Violencia Contra las Mujeres establece sanciones de privación de libertad, penas alternativas y prestación de servicios de utilidad pública, entre otros castigos para los agresores, de acuerdo con la gravedad de la denuncia.

La norma fue aprobada en el gobierno de Óscar Arias en 2007, después de un intenso debate.

La legislación se aprobó en su momento con el objetivo de reducir los casos de violencia familiar y femicidios.

No obstante, pasada una década, pareciera haber dado resultados parciales, ya que en 2011 se registró una cifra récord de 42 casos, mientras que para el año pasado, se contabilizaron 26 femicidios y la cifra se ha mantenido más o menos constante.

Por otra parte, el promedio de llamadas al número de emergencias 911, por violencia doméstica, es 278 en un día cualquiera; es decir, una cada cinco minutos; mientras que esa prevalencia aumenta cuando hay eventos deportivos masivos.

Impunidad

Miles de casos de violencia en contra de las mujeres son tramitados por el Ministerio Público anualmente; sin embargo, solo un pequeño porcentaje termina con una sentencia.

Fuente: Poder Judicial