(Video) Rodrigo Chaves espera manifestaciones del pueblo si ley Jaguar es declarada inconstitucional
Presidente señala que a él le podría tocar dirigir a un pueblo que está molesto con esa decisión
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 24 julio, 2024 08:44 a. m.
En caso de que la Sala IV declare ilegal el trámite de la Ley Jaguar para el desarrollo nacional, el presidente Rodrigo Chaves no descarta manifestaciones de un pueblo molesto por la decisión.
El mandatario, incluso señaló que en caso de que los magistrados fallen en contra de la consulta popular, a él le puede tocar apaciguar a la gente, o incluso incentivarla, según sea el caso.
Las declaraciones las brindó durante una entrevista el lunes 22 de julio en el espacio Nuestro Programa de Trivisión, canal 36, en donde mencionó que sería una especie de plan B.
“El pueblo se puede hacer el pendejo, o puede decir ‘tirémonos a la calle, hagamos una huelga de brazos caídos u organicémonos para que nunca más esta gente, el ecosistema del cambalache corrupto, del amiguismo y el capitalismo de amigotes vuelva a tener poder. Yo, como presidente de la República, observaría, desde el punto de vista político (…) Y si hay evidencia o credibilidad de que fue una conspiración, yo creo que le toca al pueblo, a la población, a los pescadores que vimos hoy, a los trabajadores, decir: ‘Presidente, nosotros queremos que usted vaya por aquí en lo político’”, señaló Chaves.
Este lunes 29 de julio está previsto que la Sala IV falle en torno a la consulta que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la legalidad del referéndum.
El presidente también se refirió al hecho de que la hija del presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, ayudó, como funcionaria de la Contraloría, a redactar otra consulta de legalidad en contra de la Ley Jaguar.
La propuesta que presentó el presidente Chaves a inicios de junio implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales del 2026 y se centrará solo en un puñado de temas.
Se trata básicamente de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
La propuesta de ley modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría General. Varias organizaciones y la propia Marta Acosta, contralora general, han señalado que la propuesta le quita potestades de fiscalización y que sería más fácil cometer actos de corrupción.
