(Video) Rodrigo Chaves acusa a diputados de “antipatriotas” por cerrar portillo legal para cobro de nuevos impuestos
Mandatario llama “traidora” y “Judas” a legisladora oficialista Luz Mary Alpízar por darle la espalda
Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
La decisión de la Asamblea Legislativa de cerrar el portillo legal que permitía el cobro de la renta mundial en Costa Rica fue calificada como “vergonzosa” por el presidente Rodrigo Chaves.
Se trata de una acción “antipatriótica”, ya que no se está legislando para proteger los intereses del pueblo de Costa Rica, sino que se está favoreciendo a los grandes bancos y a las empresas millonarias para que no paguen impuestos y lo peor de todo, según el mandatario, “es que nos están viendo la cara de estúpidos”.
Paralelamente, Chaves la emprendió especialmente contra la congresista Luz Mary Alpízar del Partido Progreso Social, a quien llamó “traidora” y “Judas”.
Esto, porque Alpízar, siendo parte de la bancada de gobierno, cambió de manera sorpresiva de parecer y dio su voto para que la oposición lograra los 38 votos necesarios para pasarle por encima al veto presidencial que habilitaba el nuevo tributo.
Dicho de otra forma, sin la participación de Alpízar, la oposición hubiera perdido la batalla y el gobierno estaría celebrando el cobro de un nuevo gravamen para invertir en educación, salud y vivienda social, entre otras áreas.
Cabe mencionar que el partido Progreso Social, fundado por Alpízar, llevó a Chaves a la Presidencia en 2022.
La renta mundial establece el cobro de impuestos para las empresas que se encuentran en Costa Rica domiciliadas, pero que tienen inversiones fuera del país.
En el marco de la discusión legislativa sobre el proyecto que saca a Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes en materia tributaria de la Unión Europea (UE), se incorporó una reforma para aclarar el criterio de territorialidad, de manera tal que se graven solo los ingresos originados en el territorio nacional.
El presidente vetó este artículo al considerarlo lesivo para los intereses de la Hacienda pública, pero los diputados le pasaron por encima con un resello legislativo que solo fue posible con el apoyo de Alpízar.
“Lo que hizo Luz Mary Alpízar Loaiza es una traición que yo repudio, que siento rechazo, que me avergüenza, porque eso es ser Judas. Para mí, es el equivalente, guardando las proporciones, a lo que hizo Judas por 30 monedas de plata”, dijo Chaves.
Por otra parte, los empresarios celebraron el resello del proyecto de ley, ya que según ellos, la inversión extranjera, la seguridad jurídica y los nuevos empleos fueron protegidos.
El sector productivo apoyó la labor de los legisladores y señaló de diversas formas que la aprobación de nuevos impuestos solo depende de la voluntad de los diputados y no de las interpretaciones jurídicas que pueda hacer el gobierno.
“Con esta decisión, confiamos en salir de la lista gris, a la vez que evitamos cargar con más impuestos a las empresas costarricenses y sin incurrir en la doble imposición tributaria que el veto del ejecutivo proponía. El resello también es fundamental para preservar el modelo tributario vigente basado en la territorialidad y no incurrir en un cambio en el modelo de tributación que implicaba la incorporación de la renta mundial, ya no solo para rentas pasivas, sino para todo tipo de rentas para las personas y empresas que operan en el país”, dijo Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
Sabia decisión
Varias cámaras empresariales celebraron la decisión de los diputados de resellar el veto del presidente y frenar cualquier intento de cobrar nuevos tributos.
Silvia Castro
Presidenta
AmCham
Para AmCham, el proyecto de ley aprobado se alinea con los requerimientos que necesita el país para salir de esta lista, brindando certeza jurídica a los contribuyentes.
Además, mantiene el sistema de renta territorial, que es el modelo apropiado para economías emergentes e importadoras netas de capital y que requieren incentivar la inversión local y extranjera, como es el caso de Costa Rica. Dichosamente, los diputados aplicaron el resello al veto del presidente Rodrigo Chaves y ya no se verá comprometida la buena reputación del país en cuanto a la atracción de inversión, el comercio internacional y la generación de empleo y el acceso a fondos de cooperación.
Mario Gómez
Asesor Jurídico
ABC
La Ley aprobada por mayoría de los congresistas brinda seguridad jurídica al reforzar y aclarar que Costa Rica tiene un sistema tributario territorial y no de renta mundial. Para cobrar un impuesto de este tipo se requiere de una reforma legal que es competencia de la Asamblea Legislativa, el órgano constitucionalmente competente para tomar esta decisión.
El veto que impulsó el presidente, lejos de contribuir a contar con reglas claras en materia tributaria, perpetúa la inseguridad sobre el tratamiento de las rentas producidas fuera del territorio nacional.
Paulina Ramírez
Diputada
Liberación
Las consecuencias de mantenerse en una lista negra como un país no cooperante y un paraíso fiscal, traen impactos sobre la atracción de inversión extranjera.
Dichosamente, este congreso se impuso y frenó el veto del presidente Rodrigo Chaves, a la vez que dejó clara la prohibición de cobrar renta mundial.
Daniela Rojas
Diputada
PUSC
Finalmente, hemos resaltado el proyecto de ley que permite la exclusión de Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea. Tal y como lo propusimos desde el inicio, esto no significará más carga de impuestos para el sector productivo o los costarricenses.
De esta manera, estamos protegiendo la inversión y la generación de empleos en el país. El proyecto ya está listo para que sea revisado por la Unión Europea el próximo 3 de octubre.
Carlos Wong
Gerente General
Asociación Zonas Francas
Actualmente, la Ley determina un sistema impositivo territorial; pero interpretaciones administrativas y judiciales han ampliado la cobertura, aplicando gravámenes sobre las rentas extraterritoriales. Esto resulta en discrecionalidad administrativa nociva e inseguridad jurídica.
La Asamblea Legislativa es el único poder del Estado que tiene la responsabilidad y obligación de aprobar y enmendar las leyes (no es competencia del Poder Judicial). En este caso, una mayoría del Congreso ha determinado que se debe respetar el principio territorial que históricamente ha imperado en el país.
