Retraso de dos años en corredor San José – San Ramón se traduce en gasto adicional de $6,4 millones en honorarios

Un débil control sobre el fideicomiso que administra la ampliación del corredor San José – San Ramón, es lo que señaló este lunes la Contraloría; lo cual, ha hecho que el gasto en honorarios aumente en unos $6,4 millones.

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Lo peor de todo, es que el plan ya contabiliza dos años de retraso, afectando a miles de conductores que se desplazan diariamente entre occidente y la capital.

Estudios inconclusos de definición de alcance, costo, cronograma y estructuración financiera del proyecto, son los problemas de fondo que detectó el órgano fiscalizador.

“La obra de infraestructura se encuentra en etapa de preinversión, con un incremento del plazo aprobado de 950 días naturales y un incremento alrededor del 50% en gastos por obligaciones ejecutadas por el Fiduciario respecto a lo proyectado inicialmente”, dijo la Contraloría.

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Por otra parte, el órgano fiscalizador del Estado alertó que a pesar de la indefinición del alcance, cronograma y costos del proyecto y su correspondiente viabilidad técnica, social y financiera, el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas y el Conavi, consensuaron y aprobaron la ejecución de actividades constructivas mediante el Programa de Obras Impostergables (OBIS).

En ese sentido, el BCR, que administra el fideicomiso, también fue criticado por la Contraloría.

Las obras impostergables que detalla la Contraloría fueron impulsadas por el gobierno de Carlos Alvarado a mediados de su mandato.

“El sistema de control implementado no establece plazos máximos para las revisiones y cumplimiento de cada uno de los entregables de las fases del ciclo de vida del proyecto (pre inversión, inversión y pos inversión)” finalizó la Contraloría.

A finales de junio, el propio gobierno había manifestado su molestia con el proyecto en cuestión, a tal punto, que Luis Amador, ministro del MOPT, ordenó crear una comisión para estudiar la posibilidad de finiquitar el contrato.

La molestia se debe a que el Fideicomiso Ruta Uno aspiraba a cobrar $10,5 millones por mantener una estructuración financiera nueva que fue calificada por Amador de “absurda”.

“Por ejemplo, los funcionarios de la unidad ejecutora del proyecto ganan entre ¢1 millón y casi ¢11 millones. Si bien el Banco de Costa Rica (BCR) percibía un pago de honorarios como fiduciario por $75 mil mensuales, se hizo una adenda al contrato que le permitió percibir $38 mil adicionales por ese concepto, así como otros $150 mil por constituirse en Unidad Administradora de proyecto”, dijo Amador.

La comisión que se conformó definirá los pasos a seguir para finiquitar este contrato, mediante el cual, se le cedió a Ruta Uno, la gestión y administración de las mejoras viales a lo largo de 60 kilómetros de la carretera y sus radiales por 30 años.

A mediados de octubre, la empresa Ruta Uno que se encarga de la construcción de la obra, señaló que el retraso no es culpa del BCR, ni del Fideicomiso, sino del gobierno.

“Los atrasos que se han tenido en el proyecto tienen su origen, fundamentalmente, en la falta de definición por parte del MOPT-Conavi respecto a aprobaciones que deben emitir (…) Se trata de atrasos ocasionados por el MOPT-Conavi que se originan a partir de observaciones planteadas a los Estudios de Factibilidad, a pesar de que, de acatarse, los usuarios tendrían que pagar un peaje mayor y podrían dejar al proyecto en una condición de inviabilidad”, dijo la empresa.