Enviar
Viernes 16 Octubre, 2009

Respuesta a Humberto Pacheco

En el artículo “¿Justicia pronta y cumplida y, o descarrilada?”, publicado en LA REPUBLICA del 23 de setiembre, creí no captar el paralelo que se establece entre el protagonismo de la Procuraduría General de la República con el caso del Banco Anglo, los hermanos López y los buenos amigos, “babosos”, como se les dice en esa columna, que durante muchos años expiaron sus errores en la cárcel, y el voto de la Sala Constitucional en diciembre 2008, suspendiendo todas las viabilidades dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste (PNMBG) y, durante seis meses, o más como es el caso que nos ocupa, en 500 metros perimetrales de una zona de amortiguamiento medida a partir de los linderos del PNMB.
La Procuraduría resolvió en 2005 la interpretación única y lógica de los límites del parque Baulas, que la ley 7524, aprobada en 1995, equivocadamente ubicaba, de manera disparatada por cierto, 125 metros mar adentro de la línea de pleamar (otro intento de la Mano Peluda para destruir el parque Baulas), por otra, lógica y congruente, indicando que los límites del parque nacional en la realidad se establecen 125 metros tierra adentro a partir de la línea de pleamar, de acuerdo con el decreto ejecutivo número 20518 estableciendo el PNMB por primera vez. Este decreto es el resultado de la evaluación técnica que junto con un grupo de científicos y expertos costarricenses realizare el doctor Peter C.H. Pritchard, autoridad mundial en tortugas, para el MIRENEM. Consecuentemente, con la colaboración de los expertos del entonces MIRENEM, yo misma redacté ese primer decreto ejecutivo número 20518 el cual, ya manoseado por la Mano Peluda, nunca incluyó en el parque nacional la zona de amortiguamiento de 75 metros para playa Langosta. Para entonces, a finales de los 80 y principios de los 90, la otrora abundantísima población de hembras anidantes de baula del Pacífico americano utilizaba playa Langosta al igual que playa Grande para reproducirse.
Lo que exigimos los ambientalistas amparados a la legislación, es que Setena realice la evaluación ambiental estratégica del impacto conjunto del desarrollo urbano en la zona. Como la competencia de Setena se limita al análisis de los instrumentos que se le presentan, procede a las Municipalidades u otros entes someter a evaluación, por parte de Setena, los instrumentos de evaluación ambiental estratégica que esas evaluaciones requieren.
El artículo responsabiliza a la Procuraduría de ambas situaciones, la devolución de sus bienes (que asegura tampoco existen), a los hermanos López y la paralización “total y arbitraria”, del “filón que tenía el país en un increíble proceso de desarrollo”. Es evidente que se hace referencia a Tamarindo y zonas aledañas.
Cuando lo leí por primera vez no entendí el paralelo del descalabro del banco Anglo y la depresión económica que sufre Tamarindo. Pero ahora entiendo la realidad y esta es que los hermanos López se adelantaron por más de una década a los Madoffs’ y Lehman Brothers’ del G-8. Ellos también desvalijaron los bancos y las aseguradoras y tampoco se sabe donde está la plata. Algunos están en la cárcel, pero otros han desaparecido. Tamarindo y la totalidad del sector turismo e inmobiliario de este país sufre las consecuencias de esa debacle financiera internacional. Esta es la verdadera causa del cierre de sus hoteles, negocios de servicios y la merma en el turismo.
El Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste fue creado por decreto en 1991. Durante mi estadía de cuatro años en ese parque, se empezó a construir un hotel de mediano tamaño en playa Grande norte comprometiendo la zona pública inalienable. Impotentes, nada pudimos hacer al respecto porque los desarrolladores contaban con todas los permisos: INVU, Municipalidad, inclusive MIRENEM. Por muchos años, el parque Baulas y su problemática fueron ignorados por los gobiernos de turno que no asumieron la expropiación autorizada en la ley de su creación, hasta el año 2004 que el gobierno de don Abel Pacheco de la Espriella y su ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, iniciaron los procesos de expropiación.
El conflicto que allí se desarrolla no es responsabilidad de los ambientalistas, sino de aquellos gobiernos que hicieron caso omiso de sus obligaciones constitucionales de expropiar las tierras afectadas por el parque nacional, cuando este fue creado. Los inversionistas extranjeros no fueron engañados por los ambientalistas, sino por los personeros del sector inmobiliario, y sus abogados, que no les previnieron que sus propiedades estaban afectadas por un parque nacional y la legislación concomitante. Es bueno, como personas mayores que pronto cumpliremos 100 años, hablar con la verdad sin contradicciones flagrantes. Por ejemplo ensalzar el estado de derecho costarricense pero endilgar con burlas y descalificaciones a sus instituciones cuando estas, como la Procuraduría y la Sala Constitucional, en el caso del Parque Baulas, no resuelven los asuntos como quisiéramos. No obstante algunas pasmosas interpretaciones, las instituciones costarricenses continúan ostentando la mejor esperanza de justicia para los ciudadanos.
Quiero terminar yo también con un paralelo. Mientras el Hotel Cala Luna construido en playa Langosta, otrora paraíso reproductor de las tortugas baula, cierra sus puerta y otros negocios en Tamarindo también, los pobladores de Ostional disfrutan de una bonanza económica sin precedentes producto del manejo científico de la cosecha de huevos de tortugas lora y son tantas las tortugas verde y baula en el Caribe de Costa Rica, que anidan en Moín, Cieneguita y hasta en el aeropuerto. ¡La conservación sí funciona!
Mientras en Tamarindo hay miseria, según el artículo, y la población de tortugas baula del Pacífico Americano pende de un hilo, y en Guatemala se mueren de hambre los indígenas por la sequía, los mares de Costa Rica bullen de vida y esperanza.

María Teresa Koberg
Conservacionista