Teniendo en cuenta que es evidente que en Venezuela el orden constitucional propio de una democracia representativa está en grave riesgo, el inicio de los procedimientos para la aplicación de las normas de la Carta se justifica ampliamente

Reivindicación de la Carta Democrática Interamericana

La Carta Democrática Interamericana es una resolución aprobada por los representantes de las 34 naciones democráticas de América Latina en el seno de la Asamblea General de la OEA el 11 de setiembre de 2001. El Considerando Primero de dicha Resolución define la razón de ser del instrumento: promover y defender la democracia representativa como necesidad indispensable para la paz y el desarrollo de la región. Esa promoción y defensa de la democracia representativa es una valiente y oportuna respuesta para cerrar el doloroso capítulo de las dictaduras en América Latina y el Caribe.
Entre los gobiernos que aprobaron el contenido de esa Carta están los de Venezuela y Costa Rica, país que, bajo el liderazgo del entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez, jugó un papel determinante para la aprobación de dicho instrumento jurídico. La Resolución de la Asamblea General constituye un instrumento jurídico que obliga y faculta a los gobiernos que la aprobaron a compartir sus objetivos y someterse a sus procedimientos.
En ese contexto, teniendo en cuenta que es evidente que en Venezuela el orden constitucional propio de una democracia representativa está en grave riesgo, el inicio de los procedimientos para la aplicación de las normas de la Carta se justifica ampliamente. Las amenazas al orden constitucional y, por ende, a la democracia representativa en ese país no provienen del exterior y, ni siquiera, de fuerzas u organizaciones irregulares dentro del país. Lo que está viviendo el pueblo venezolano bajo el régimen chavista justifica el inicio de los procedimientos previstos en la Carta Democrática Interamericana.
En Costa Rica, los expresidentes de la República y la inmensa mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa —excepto los diputados del PAC y del FA— instaron al Poder Ejecutivo para que, tal como lo prevé el artículo 20 de la propia Carta, solicitara la activación de los procedimientos para la aplicación de la Carta en Venezuela. La respuesta del Poder Ejecutivo, según declaración del presidente Luis Guillermo Solís, fue rechazar esa posibilidad.
Hoy, cuando ya los países miembros de la OEA, con la honrosa excepción de Paraguay, optaron por emitir una invitación al diálogo entre las partes en Venezuela —como si fuese posible el diálogo entre el león y la víctima a la que va a devorar— en lugar de activar los procedimientos previstos en la Carta Democrática, es igualmente válido reivindicar la Carta Democrática como instrumento jurídico valioso y vigente en la región.
 

Lic. Gerardo Vargas Rojas
Jefe de Fracción Legislativa
Unidad Social Cristiana