Reguladores "regularcitos"

De cal y de arena

Reguladores “regularcitos”

Tal vez don Dennis Meléndez termine cogiéndole “el bolao” a la ARESEP y entendiendo la naturaleza de esta institución y el minado campo donde ella está llamada a desplegar sus competencias. Si así sucede, podremos abatir los temores que nos dejó su comparecencia ante la Comisión Parlamentaria que examinó sus atributos y conocimientos para desempeñarse como Regulador General de los Servicios Públicos, donde este profesor de economía exteriorizó una limitada pericia en el universo de los problemas de que se encarga este organismo ya con más de 60 años de actuar por delegación del Estado. Meses atrás, la misma ARESEP consideró que don Dennis no reunía las calificaciones invocadas para ser parte de la recién nacida Superintendencia de Telecomunicaciones. La cita viene a propósito de señalar la liviandad con que se designan los funcionarios públicos a cargo de importantes misiones. Al nombrar los directores de entes autónomos doña Laura no se apartó de la rutina y rememoró aquel episodio en que el presidente Arias nombró, como si fuera cosa de poca monta en el Ministerio de Seguridad Pública, a una señora que nunca terminó de entender la delicada especialidad de este despacho, del que más parecía ser su portavoz para vocear urbi et orbi cuántos puros de marihuana se habían decomisado y cuántos soplonazos de la DEA habían sido bien cumplimentados. Esperamos que en la ARESEP haya buenos resultados.

Y lo decimos con la mente puesta en las dimensiones del desafío que plantea a ARESEP la regulación de precios, calidades y condiciones de un importante mundo de empresas con directa afectación social y económica, para lo cual es exigible personal altamente calificado. El país precipitó la apertura de su economía y nuevos actores habrá en seguros y telecomunicaciones, donde se pondrán a prueba otros órganos de supervisión con poder sancionador para desenvolverse entre “tiburones”. Más aún, cayó en la trampa de los ilusionistas que trazaron castillos en el aire para justificar la concesión de obra pública y de la gestión administradora como tema nacional, sin tomar las debidas providencias en lo referente a regulación, control y fiscalización. Lo del aeropuerto Juan Santamaría, lo de la carretera a Caldera, lo de la carretera a San Ramón, la privatización de puertos en el Pacífico, son un oprobio en cuanto a los términos de la concesión y las graves omisiones con que se desempeña la supervisión. Esto es presagio nefasto de lo que puede darse con la concesión de todas las operaciones portuarias en el Caribe, a la que se intenta llegar tras una forzada e impúdica subordinación de voluntades. Contratos tigre, contratos que privilegian una relación totalmente desequilibrada, contratos inspirados en una vocación expoliadora, contratos cuya supervisión es delegada en órganos incompetentes, tolerantes y hasta sumisos. Este esquema lleva el germen de la renuncia del Estado a sus deberes de custodio del interés público y valedor del bien común. Como en los mejores años de los contratos-ley.

Alvaro Madrigal