Límite en la cantidad de choferes que propone proyecto sobre Uber, DiDi y taxis preocupa a expertos

La posibilidad de que el gobierno influya en la oferta y la demanda para los taxis y las plataformas de movilidad colaborativa como Uber y DiDi, es algo que preocupa a diversos expertos consultados por LA REPÚBLICA.

Y es que el artículo 9 del proyecto de ley que fue presentado a la corriente legislativa este miércoles, establece que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), junto al Ministerio de Economía (MEIC), harán estudios de mercado cada cuatro años sobre la demanda.

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La idea, es evitar que se cobren precios ruinosos para alguno de los grupos en competencia, a la vez que el Estado quedaría facultado para tomar decisiones y defender a los dos sectores.

Específicamente, el artículo en cuestión señala que “el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la reglamentación podrá establecer medidas para eliminar la ruinosidad en cuanto al número de personas conductoras autorizadas en general para la prestación del transporte de personas”.

“En relación con el artículo 9 estoy en total desacuerdo con la pretensión del proyecto de incluir al MEIC y al MOPT para hacer estudios de mercado y así determinar si se está ante precios ruinosos o una competencia ruinosa. Esto es algo descabellado, es como volver a la época del control de precios y meter al Ministerio de Economía en temas de control como lo hizo la URSS y su planificación centralizada de la economía. La oferta y la demanda debe servir para determinar cuáles empresas subsisten en una actividad económica”, dijo Guevara.

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Para el político, lo ideal es que los precios bajen producto de la competencia, de manera tal que los consumidores busquen las opciones que más se acerquen a su presupuesto

“Si alguien quiebra en ese proceso, pues surgirán otros que llenen ese vacío. Es inaceptable lo que contiene el artículo 9 del proyecto”, agregó Guevara.

Para operar de manera legal, los choferes de plataformas tendrán que asegurarse ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como trabajadores independientes, además de pagar al Ministerio de Hacienda el impuesto de la renta por sus ganancias.

Asimismo, los conductores estarán obligados a adquirir seguros por daños y así proteger a los viajeros, a la vez que tendrán que rotular sus vehículos.

Tanto taxistas, como choferes de plataformas tendrán que ir una vez al año a la inspección técnica.

En cuanto a la tarifa por cobrar, la propuesta establece una renta bruta por kilómetro que evitará que cualquiera de los dos grupos caiga en la ruina y a partir de ahí, la competencia terminará definiendo.

“Se trata de una iniciativa bastante interesante porque empieza a ponerle un rumbo a la coexistencia entre taxistas rojos y plataformas digitales. Por un lado, las apps serán legales y al mismo tiempo, los taxis podrán competir. Me preocupa el control del número de choferes, pero pienso que en líneas generales está bien”, dijo Daniel Suchar, analista económico.

Las plataformas de movilidad colaborativa llevan siete años en el país y a la fecha no hay una ley que las regule.

Es por ello, que Silvia Alvarado, gerenta de política pública de Uber en Centroamérica, el Caribe y la región Andina, agradeció al gobierno el esfuerzo para promover un proyecto consensuado con todos los actores.

Asimismo, se refirió al proyecto de ley y al artículo cuestionado.

"El nuevo proyecto de ley es un punto de partida que abre una oportunidad para establecer reglas claras para las plataformas y a la vez, flexibilizar las condiciones para los taxis, garantizando seguridad jurídica para todos. Como toda propuesta inicial, contiene artículos, como este, que requerirán mayor análisis durante la discusión en la Asamblea Legislativa, donde velaremos porque no se de afectación a los diversos modelos de negocio, no se limite la oportunidad de que más personas puedan prestar servicios, - sobre todo cuando el desempleo es una preocupación constante y hay una gran necesidad de generar ganancias para salir adelante en el día a día-, y no se limite la competencia libre y efectiva, ni las reglas del libre mercado en las que se basan estas actividades, según indica la misma ley”, dijo Alvarado.